13.08.2024 / VISITA LIBERTARIA A GENOCIDAS
Visita de LLA a genocidas para sacarlos de la cárcel: cómo avanza la investigación judicial
El viernes se ordenó un operativo judicial en el penal de Ezeiza en el que se secuestraron libros de visita y filmaciones del complejo carcelario del 11 de julio pasado. La justicia federal de Lomas de Zamora investiga si se cumplieron las normas penitenciarias para que los diputados libertarios ingresaran a ver represores.
La investigación judicial por la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza avanza en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Ernesto Kreplak ordenó el pasado viernes un procedimiento en el penal en el que se secuestraron los libros de visita y las filmaciones de las cámaras de seguridad, cuando –en simultáneo- se concretó el encuentro entre legisladores mileístas y condenados por crímenes de lesa humanidad. Ahora el material está siendo analizado y el punto de la investigación es si se cumplieron las normas penitenciarias cuando los diputados ingresaron a ver represores.
La Justicia llevó encaró el procedimiento con “éxito”. El material está siendo analizado por la fiscalía federal a cargo de Mola, que tiene delegada la investigación. El foco de atención del Ministerio Público Fiscal está puesto en el ingreso al complejo penitenciario ya que es lo que está bajo su jurisdicción. En cuanto al protocolo para llevar a cabo el encuentro, como el traslado de los diputados y la financiación excede a la pesquisa que se sustancia en los tribunales federales de Lomas de Zamora, indicaron fuentes judiciales. Centralmente, se está analizando “si se cumplieron las normas y protocolos para que los diputados pudieran ingresar legalmente al penal o no”.
En tanto se está analizando si, tal como surge de los chats que se citaron en la denuncia que realizó la diputada Lourdes Arrieta hubo algún tipo de intervención de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para que el SPF que esté bajo su mando les facilite el ingreso a los legisladores libertarios.
De la denuncia de Arrieta, por ejemplo, se desprende que el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura y abogado Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a genocidas en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”.
Asimismo, el diputado libertario Beltrán Benedict respondió el 14 de marzo: “No se olviden de enviarme foto DNI para gestionar ingreso penales. La idea es 1º Campo de mayo tipo 10 hs y luego Ezeiza. Nos esperan”. La visita que se estaba coordinando era para el día siguiente en Campo de Mayo, donde también hay genocidas detenidos.
La denuncia de Arrieta se acumuló a una presentación previa que hizo el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, quien pidió el lunes pasado que se investigue el encuentro de libertarios y genocidas en la cárcel de Ezeiza. Obligado, que integra el tribunal que juzgó al represor Alfredo Astiz en la megacausa ESMA y está a cargo de la ejecución de su pena, se hizo eco de un reclamo del abogado Pablo Llonto, que es querellante en diversas causas de lesa humanidad.
La causa por la visita de diputados libertarios que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora se inició con una presentación que hizo el juez Daniel Obligado, el 5 de agosto pasado. Tal como publicó El Destape, el 5 de agosto, Obligado, que integra el tribunal que juzgó a Astiz en la megacausa ESMA, se hizo eco de un reclamo del abogado Pablo Llonto y pidió a la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, que investigue el encuentro entre libertarios y genocidas. Al planteo de Llonto había adherido el fiscal Félix Crous, quien está a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal.
En la resolución que entonces firmó el juez del TOF 5 se mencionó que en planteos “de la acusación, se menciona la posible comisión de delitos en el marco de la visita a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, con condena firme y bajo proceso de ejecución” por lo que pidió que se extraigan “copia de estas actuaciones, certifíquelas el Actuario y remítaselas, mediante oficio de estilo al Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal n° 2 con jurisdicción en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a los efectos que el mismo estime corresponder”.
El planteo de Llonto, que tomó Obligado, es que “debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento (penitenciario), lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal, concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Lo que señaló Llonto es que se violó el reglamento para la visita de presos, quienes deben consentir las visitas. El letrado se tomó de la trascendencia mediática que tuvo el caso y señaló que dos diputadas libertarias dijeron que fueron engañadas en la visita. A eso, sumó la escandalosa respuesta que dio el Servicio Penitenciario Federal ante la consulta judicial. El caso recayó en el juzgado que subroga Kreplak.
Entre otras cuestiones, Llonto había solicitado que se cite como testigos a todos los diputados libertarios que se reunieron con los genocidas para que detallen cómo fue la visita; y a los funcionarios del SPF.
La comitiva de diputados libertarios que visitó a represores en la Unidad 31 de Ezeiza el 11 de julio pasado estuvo compuesta por: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo. Junto a ellos también estuvieron: Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Williams Prim, según dan cuenta documentos judiciales. Los visitantes se fotografiaron con los genocidas Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros.
Luego de que trascendiera la presentación del juez Obligado, se presentó en la justicia de Lomas de Zamora la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien también apuntó contra el SPF. Su denuncia se acumuló a la del juez del TOF 5. Arrieta planteó que se investigue al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el inspector general Fernando Martínez, y al director del Complejo penitenciario de Ezeiza. En su presentación pidió se investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicas.
Por el encuentro del 11 de julio en la cárcel de Ezeiza, en el que ella participó, solicitó a la justicia “se investigue si se han utilizados recursos de los ciudadanos para realizar esta visita por fuera de toda orden de tareas o trabajo legislativo, como así también la responsabilidad que pudiera caberle o no al jefe del servicio penitenciario y de la unidad del complejo penitenciario de Ezeiza en lo que respecta a los estándares de seguridad que hacen al ingreso a la unidad carcelaria”. De acuerdo a la diputada ingresaron sin ser revisados. “No solo que no nos registraron para el ingreso, sino que, dentro de la unidad carcelaria se tomaron imágenes fotográficas con los propios teléfonos de algunos de mis compañeros”, añadió la diputada. Al ratificar su denuncia, Arrieta pidió custodia, que le fue otorgada, y fue tomada por querellante.
Entre otras cuestiones, en su presentación la diputada incluyó los chats que intercambió en diversos grupos de Whatsapp con diputados de la Libertad Avanza, abogados de represores, jueces y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado a cadena perpetua. De esos mensajes se desprende el plan que estaban tejiendo para intentar sacar de la cárcel a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. En los intercambios, por ejemplo, se hizo circular un proyecto de decreto sobre el que se pide un estricto secreto. En ese borrador se fija en 25 años “el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona” y se aclara que “el término regirá desde la fecha de comisión del ilícito”.
En la denuncia de Arrieta, que compromete a sus compañeros de bancada y a funcionarios del gobierno de Javier Milei, también se da cuenta de que los legisladores mileístas se fotografiaron con genocidas y penitenciarios sin restricciones. “No subiría fotos con presos”, dijo el diputado Guillermo Montenegro en el grupo de chat “Visita”, donde los diputados libertarios intercambiaron ideas sobre cómo evadir el escándalo que estalló cuando se hizo pública su visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza. “Para empezar ponemos en riesgo a la gente del servicio. No se puede tomar fotos”, recordó.
En su mensaje dejó en claro que tuvieron connivencia del SPF porque se sacaron fotografías con los genocidas e ingresaron al penal sin ser revisados; y que tenían plena conciencia de que estaban realizando algo prohibido. “Teníamos fotos con el personal del servicio penitenciario” agregó la diputada Alida Ferreyra por si faltase alguna duda del apoyo interno con el que contaron. “Fotos con ellos no podemos publicar”, aclaró en el grupo.
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