En la previa al inicio de los cierres de bloque del debate de la ley Bases, el presidente provisional del Senado y titular de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, anunció más cambios - posteriores a los de las empresas que salen de la lista privatizable y la exclusión del capítulo previsional - de cara a la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de blindar el articulado y evitar un fracaso en general y en esa parte en específico.
En concreto, entre las modificaciones que anunció el Gobierno en el capítulo del RIGI presente en la ley Bases se encuentran varios puntos que la oposición, incluso la dialoguista, rechazaban al unísono:
- Reducción de actividades incluidas: el régimen se circunscribe a las inversiones en el sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.
- Plan de desarrollo de los proveedores locales: se especifica que cada desarrollo tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
- Cambios en los plazos de cobros: las exportaciones productos de las iniciativas adheridas al RIGI y efectuadas por los vehículos de proyecto único (VPU) tendrán la obligación de la negociación y liquidación en el mercado de cambios de un 20% luego de transcurridos dos años desde la puesta en marcha del VPU; 40% tras tres años; y un 100% después de cuatro años. "Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad", precisan las reformas sobre el artículo 196 de la ley Bases, y agrega: "Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos".
- Acciones, cuotas o participaciones de los VPU: los activos podrán ser transferidos sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informarle dentro de los 15 días corridos siguientes de ocurrido. Los activos podrán ser objeto de prensa, cesión en garantía, fideicomiso o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía.
