11.09.2026 / Judiciales
Judiciales cruzaron al Gobierno Nacional por la "campaña de desprestigio, presión y ataque" contra la jueza Marta Pascual
El pronunciamiento de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se conoció luego de la fuerte reacción de la gestión libertaria contra la resolución judicial y de la denuncia penal presentada contra la jueza de Lomas de Zamora por la asociación civil Usina de Justicia.
La Asociación Judicial Bonaerense salió en defensa de la jueza Marta Pascual, quien quedó en el centro de la polémica al suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y denunció una escalada de ataques que también alcanzó a los trabajadores del juzgado.
El pronunciamiento de la AJB se conoció luego de la fuerte reacción del Gobierno nacional contra la resolución judicial y de la denuncia penal presentada contra Pascual por la asociación civil Usina de Justicia.
En ese contexto, los judiciales reclamaron que se garantice la independencia del Poder Judicial y que las diferencias con una decisión sean canalizadas por las vías institucionales correspondientes.
La Asociación Judicial Bonaerense puso especial énfasis en la situación del personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, donde se desempeña Pascual.
Según denunció el gremio, en las últimas horas los ataques y el hostigamiento se extendieron también a trabajadores del organismo. Por eso, la AJB reclamó la intervención de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General y el Ministerio de Justicia provincial.
El pedido apunta a que se adopten medidas para garantizar la seguridad tanto de la magistrada como del personal y permitir el normal funcionamiento del juzgado.
“Exigimos el cese inmediato de los ataques”, planteó la organización sindical, que advirtió sobre la gravedad de que una decisión judicial derive en una campaña de presión sobre quienes integran el organismo.
La defensa de la AJB a la jueza
La AJB respaldó la decisión de Pascual de suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La resolución fue dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y estuvo fundamentada, entre otros aspectos, en la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura necesarias para implementar el nuevo régimen.
Para los judiciales, la magistrada actuó dentro de sus facultades constitucionales y su decisión puede ser cuestionada y revisada mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial, pero no mediante campañas de “presión, persecución o amedrentamiento”.
“Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales”, sostuvo la organización sindical.
En ese sentido, el gremio defendió “la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales”.
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