La ministra de Capital Humano,
Sandra Pettovello, debe presentar este jueves el plan de distribución de las casi seis toneladas de productos que se encuentran almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Ayer,
la Cámara Federal rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno y
falló a favor de Juan Grabois al ponerle a la ministra un plazo de 24 horas para presentar un plan de distribución. "Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa", festejó en sus redes el dirigente sociales donde agregó: "PD: bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas".
Así, la Justifica avaló la decisión del juez
Sebastián Casanello de "encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su
tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".
"
De no hacerlo de ese modo, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial, que está tipificada en el artículo 23 del Código Penal, más allá de comunicar a la ciudadanía la traición a los postulados del sistema republicano", expuso la Justicia.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar dicho plan de distribución, que el Gobierno nunca cumplió. La Cámara Federal señaló que en el expediente ''
se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios''.
"Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos", reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
El fallo de los jueces Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto José Boico se conoció tras de la audiencia que se realizó este martes en Tribunales, de la cual formaron parte el referente social Juan Grabois, querellante en la causa, y la secretaria de Legales del Ministerio, Leila Gianni.