05.06.2024 / Judiciales
Alimentos retenidos: la Cámara Federal confirmó la cautelar de Casanello que ordenó informar el stock en depósitos
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desoir.
La Cámara Federal porteña confirmó de manera unánime la cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, y el cronograma de entrega. A su vez, el fallo también ordenó -por mayoría- evaluar sanciones para los funcionarios de Sandra Pettovello, encabezados por la funcionaria Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois por la escandalosa audiencia que protagonizaron este martes en los tribunales federales.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desoir. Gianni le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningun juez militante le dijera al Gobierno de Javier Milei como manejar la política alimentaria.
“Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución", señaló el juez Farah.
Se trata de la denuncia que Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano. El dirigente social ya es querellante. El disparador de la denuncia fue la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Una denuncia se hizo penalmente, otra causa se abrió en el fuero en lo contencioso administrativo.
Hace tres semanas el medio El Desape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. El vocero del Gobierno, Manuel Adorn,i admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
En ese marco, la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas: reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales y el juez dispuso el 27 de mayo que a donde iban los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo pero le reclamó que elaborara un plan de distribución de esos productos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y le pidió un stock de ese almacenamiento. Para ello le dio un plazo de 72 horas.
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