La diputada de Unión por la Patria Mónica Macha presentó un proyecto de ley que busca abordar dos problemáticas urgentes en Argentina: la creciente situación de pobreza y hambre que afecta a la infancia, así como el histórico problema de los deudores de cuotas alimentarias.
En la actualidad, la situación es alarmante: dos de cada tres niños y niñas enfrentan carencias y aproximadamente 7 millones viven en condiciones de pobreza. Un estudio reciente del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires reveló que más del 60% de las mujeres bonaerenses no reciben la cuota alimentaria correspondiente.
Según investigaciones de UNICEF, más de 2,5 millones de hogares con niños y adolescentes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos, mientras que el 59% de los hogares monomarentales destinan la mayoría o la totalidad de sus ingresos al pago de deudas. Además, el 73% de estos hogares se endeudan para adquirir alimentos o medicamentos.
El proyecto de ley propone varias medidas concretas para abordar esta situación. Entre ellas, la actualización del valor de las cuotas alimentarias: Esto garantizaría que las cuotas se ajusten de acuerdo con la realidad económica del país y permitirían cubrir adecuadamente las necesidades alimentarias de los niños y niñas.
También aborda la aplicación del Índice de Crianza en los procesos judiciales por alimentos. Esta medida busca tener en cuenta las necesidades específicas de los niños y niñas en los casos judiciales relacionados con la determinación de cuotas alimentarias.
Asismismo, la incorporación del incumplimiento de la cuota alimentaria como causal de violencia económica por motivos de género: Reconoce el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una forma de violencia económica que afecta principalmente a las mujeres y a las familias monomarentales.
Y finalmente, la creación del Fondo de Garantía Alimentaria. Este fondo tiene como objetivo asegurar el pago de las prestaciones alimentarias adeudadas y reconocidas judicialmente, brindando así una mayor protección a los niños y niñas que dependen de estas cuotas.