13.05.2024 / MOTOSIERRA
El Gobierno desmantela los Centros de Acceso a la Justicia para barrios vulnerables
El Gobierno Nacional despidió al 20% de los trabajadores de los más de 100 Centros de Acceso a la Justicia que hay en el país, además no renueva contratos de alquiler de los locales para que sigan funcionando.
Una de las políticas públicas que también se ve afectada por los despidos y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional tiene que ver con el acceso a la justicia en los barrios más vulnerables. En lo que va del año, la administración de Javier Milei despidió al 20% de los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación y tienen presencia en todo el país.
Entre las 120 personas despedidas hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos. No hay criterio unificado, van desde los centros de Bariloche hasta Jujuy, las antigüedades son variadas desde 2 hasta 10 o 12 años de trabajo. En cuánto a las modalidades de contratación, algunos están incluIdos en el Artículo 9 de la Ley del Empleo Público y otros fueron contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que por ley debe hacerse cargo de algunos de los sueldos de los CAJ.
En la Ciudad de Buenos Aires se registraron más de 20 personas despidos, entre contratados y en relación de dependencia, que trabajaban en Constitución, Soldati, Floresta, Caballito, en las villas 15; 31; 1-11-14; 21-24, La Boca y Once.
QUÉ SON LOS CAJ
Se trata de espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros, que están en 108 barrios de Argentina, zonas con poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Por lo que este vaciamiento impacta directamente en la vida cotidiana de vecinos y vecinas de 108 barrios vulnerables de todo el país porque los CAJ también tratan cuestiones migratorias, acceso a programas sociales, conflictos vecinales o acceso a la tierra. Así el desguace de estos centros afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables que viven en villas, asentamientos o barrios de la periferia.
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