26.12.2023 / Polémico
Gestapo antisindical: Comodoro Py dictó falta de mérito para todos los ex funcionarios PRO y espías
El juez Martínez De Giorgi convalidó así la idea de que no hubo espionaje ilegal ni se planificó la persecusión a sindicalistas, pese a que lo confiesan en video. En cambio, se preocupó más por la realización y filtración del material. El fiscal apeló y destrozó al magistrado. Quiénes se salvan.
Casi como un regalo de Navidad 24 horas atrasado, Comodoro Py se sigue acomodando a los nuevos tiempos políticos y, en ese sentido, toma las decisiones necesarias: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito para todos los involucrados en la famosa reunión de la "Gestapo antisindical" de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, aquella del video en que ex funcionarios bonaerenses, un ex intendente, ex legisladores, ex espías y empresarios planifican una operación para espiar, armar causas y perseguir a dirigentes sindicales.
“Tras un razonado análisis del material probatorio incorporado al legajo y con base en los lineamientos impartidos por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero, este tribunal dispondrá en autos la falta de mérito para procesar o sobreseer a Marcelo Eugenio Villegas, Adrián Patricio Grassi, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Darío Alberto Biorci, Juan Sebastián De Stefano, Diego Luis Dalmau Pereyra, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo José Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Luis Zaslascky”, escribió Martínez de Giogi en su resolución.
Según el juez, por “las dudas instaladas” y el estado de las actuaciones “vuelven indispensable en esta instancia adoptar un temperamento expectante en torno a los nombrados y disponer al respecto la realización de una serie de medidas de prueba con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de investigación”.
Llamativamente, la serie de medidas de prueba que Martínez de Giorgi ordenó no parecen ir tanto sobre determinar si los imputados cometieron o no delitos de espionaje ilegal y persecusión judicial, sino van más por saber sobre las causas contra el sindicalista Juan “El Pata” Medina e indagar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) información sobre cómo, por qué y quién ordenó filmar esa reunión y filtró el video que destapó la reunión que tuvo lugar en el Banco Provincia de la Capital Federal y sus derivaciones.
Además de avalar el requerimiento de testimonio de cinco empresarios, el juez ordenó efectuar “un análisis profundo de las once causas que se habrían formado contra Medina y su agrupación gremial” y detallar en qué está la causa principal contra “Pata”.
“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo en la reunión filmada Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de María Eugenia Vidal, según reveló un video encontrado en la AFI a fines de 2021. Anoche, la ex gobernadora terminó de "estudiar" el DNU de desregulación económica del nuevo presidente Javier Milei y decidió apoyarlo.
Junto con Villegas, los otros participantes de la reunión y hoy rescatados por Martínez de Giorgi fueron el entonces intendente de La Plata, Julio Garro; el exministro de Infraestructura Roberto Gigante; el exsecretario de Justicia Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan; los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano; Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra; y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.
En aquel encuentro los mencionados empresarios hablaron de los aprietes y extorsiones que sufrían de parte de Medina, que en realidad puntualizaban en advertencias que aquel supuestamente realizaba para detener decisiones empresariales que iban contra los trabajadores, y que la justicia no hacía nada.
Allí Villegas les pidió a los empresarios que presentaran notas contra el gremialista para después judicializarlas y que para eso ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”. En medio, los ex espías presentes le indicaban a los empresarios cómo realizar espionaje ilegal y ofrecían participación. Más tarde, Medina fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, junto a otros acusados.
Un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero Medina incumplió una de las pautas fijadas, la prohibición de participar en actividades gremiales, y volvió a ser arrestado, hasta que recuperó nuevamente la libertad. Con la apertura de la causa de la Gestapo, un juez de La Plata (hoy retirado) ordenó el sobreseimiento de “Pata” Medina junto a otros siete familiares y frenó su juicio. Casación confirmó la decisión, que ahora está apelada por vía de queja ante la Corte Suprema.
En abril de 2022, el juez Kreplak procesó a Grassi; Allan; y a los exdirectivos de la AFI De Stéfano, Dalmau Pereyra y Biorci. Y en ese fallo pidió profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron órdenes y a las judiciales por el armado de casos.
Pero a fines de agosto pasado, en una votación dividida, la Cámara Federal revocó esos procesamientos con severas críticas a la investigación y ordenó profundizar medidas. En ese sentido, ahora Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para todos los investigados.
Ante esta decisión, el fiscal Franco Picardi apeló y fue muy duro contra el texto de Martínez de Giorgi. Según el dictamen, el integrante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución del juez es “arbitraria, pues no analiza de manera integral la base fáctica que se ha logrado reconstruir en el presente caso”.
Por eso, Picardi insistió en que, a su criterio, hay pruebas contra los implicados al igual que se encuentra acreditado “el rol de la Agencia Federal de Inteligencia, que fue esencial en este entramado”.
La fiscalía entendió que “el temperamento adoptado por el Sr. Juez ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior a esta parte, que considera que existen evidencias contundentes respecto de las conductas emprendidas por los imputados Biorci, De Stefano, Dalmau Pereyra, Villegas, Grassi, Allan y Garro que cubren holgadamente las exigencias de probabilidad del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Por eso, para el Ministerio Público “la falta de mérito dispuesta por el Sr. Juez obstaculiza el avance del caso hacia una etapa de juicio oral y público”.
En su presentación, Picardi advirtió que “los hechos que conforman el presente caso se ciñen a la planificación, diseño y ejecución de una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de la U.O.C.R.A.-Seccional La Plata, concretamente al Sr. Juan Pablo Medina y su entorno, por parte del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, y cómo “se involucró a la Agencia Federal de Inteligencia y a sus agentes, quienes, bajo el designio de sus máximas autoridades, realizaron actividades de inteligencia prohibidas por la ley”.
“El fin último de estas maniobras era involucrar a Juan Pablo Medina en un proceso penal e incidir sobre su libertad. En este sentido, no podemos obviar el contexto en el que se desplegó esta estrategia, toda vez que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (P.B.A.), atravesaban un conflicto gremial en el que Medina incidía. A la vez, no se puede desconocer que la detención del sindicalista tendría aptitud para proyectar sus dimensiones simbólicas y prácticas sobre otros representantes gremiales, en contextos de conflictividad”, subrayó.
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