25.11.2020 / OPINIÓN

Violencia política por motivos de género: ¿qué pueden hacer los medios de comunicación?


Este 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual eligió esta fecha para dar a conocer sus recomendaciones para la prevención de la violencia política por razones de género en los medios de comunicación. Una de las formas de violencia contra las mujeres, travestis y trans más difundidas, pero también más invisibilizadas y naturalizadas.

por Eliana Persky




Pese a lo que se cree, la violencia política por razones de género no es un proceso marginal o un fenómeno exclusivo de las redes sociales y sus ejércitos de trolles, sino que podemos rastrearla en la propia constitución del Estado democrático moderno.

La teórica feminista Carole Pateman, señala, que como pacto subyacente al “contrato social” se creó un “contrato sexual” que dio origen a un sujeto político “universal y neutral” eminentemente masculino y productivo colocando a las mujeres al margen de la ciudadanía, confinadas a las tareas reproductivas y la esfera privada. Esta exclusión explícita y normativa se fue reparando progresivamente a partir de acciones afirmativas que buscaban garantizar la inclusión política de las mujeres, primero en el derecho al voto y luego en el derecho a gobernar. Nuestro país fue el primero en el mundo en aplicar cuotas de género para los cargos electivos con la sanción en 1991 de la Ley de Cupo Femenino. Más recientemente la paridad política, sancionada en 2017 y aplicada por primera vez en las elecciones pasadas, nos puso al día en relación a otros países de la región que habían avanzado previamente en garantizar ese acto de justicia representativa.

Pero estas medidas que establecen la igualdad formal entre mujeres y varones en la arena política no resuelven la discriminación y la exclusión que enfrentan las mujeres y sobre todo las lesbianas, travestis y trans como resultado de su subordinación histórica en la esfera privada y los estereotipos de género instalados. Esta historización es importante para entender cuál es el punto de partida de la violencia política hacia las mujeres, pero también para comprender la noción incluida en nuestra propia ley nacional de violencia contra las mujeres, que incorpora en 2019 la violencia política como aquellas acciones que vulneran “el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”. Legalmente, en Argentina, la discriminación hacia las mujeres en política es violencia política.

No obstante, como decíamos en el párrafo anterior, pese a los avances normativos, esta realidad continúa siendo invisibilizada y naturalizada. Las mujeres enfrentan múltiples obstáculos para tener una participación política igualitaria y eso coloca a los medios de comunicación frente a un desafío clave: o permanecen inalterables reproduciendo estereotipos sexistas o se comprometen con la igualdad política de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Las mujeres en política que transitan en los medios de comunicación sufren múltiples discriminaciones.

Según una encuesta realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “Una importante proporción de las legisladoras entrevistadas señaló que, a diferencia de lo que sucede en el caso de los varones en los que la cobertura periodística se basa en su desarrollo profesional; la información que se divulga en los medios sobre las mujeres políticas está basada en su género (53%) y su vida personal (42%), y que en una enorme cantidad de oportunidades se trata defakenews”. Lo que ciertas coberturas mediáticas reproducen es el cuestionamiento implícito a la participación de las femineidades en la política posando la mirada sobre sus vidas privadas, sus cuerpos, su ropa, la capacidad de ejercer un doble rol, doméstico y público, y la idoneidad para el cargo o función. Otro aspecto tiene que ver con la desigual distribución por género de la visibilidad en la radio y la TV. Es que pese a la paridad los varones siguen siendo mayoría en los cargos de mayor jerarquía y encabezan las listas legislativas, siendo beneficiarios de una mayor participación en los espacios de campaña audiovisual.

Pero hay un rasgo que sobresale cuando hablamos de violencia política y tiene mucho que ver con el contexto político actual. El avance del feminismo y la lucha por la igualdad de género despierta en los sectores conservadores un rechazo violento que se conoce como “discursos de odio”. Estas son narrativas estigmatizantes y peyorativas que buscan la negación del adversario en la discusión política, sacarlo/a de la cancha, inhabilitarlo en el debate propio de la democracia. Ahí la violencia simbólica se vuelve explícita a través de insultos y amenazas como vivieron recientemente un grupo de activistas por el derecho al aborto en nuestro país. Estas acciones buscan atemorizar a las mujeres, hacerlas bajar el perfil y en muchos casos se asimilan con mecanismos de autocensura. Los medios pueden ignorar estas situaciones o exponerlas públicamente enmarcando el debate, diferenciando el insulto de la crítica política, difundiendo las condiciones de desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en la esfera pública.

El decálogo de la Defensoría del Público apunta justamente a brindar orientaciones a los y las comunicadores para poder identificar e intervenir en las situaciones que fuimos describiendo. Impulsar la visibilización de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en las distintas instancias de la vida política, sea cual fuere su grado de institucionalización o jerarquía; promover una cobertura paritaria de las campañas electorales, preservar la intimidad y la dignidad de las mujeres, lesbianas, travestis y trans involucradas en la participación política son algunos de los puntos explicitados y explicados en ese documento.

Es posible pensar un debate público con menos violencia política contra las mujeres, travestis y trans. El costo de la participación política de las mujeres no puede ser el maltrato, el ninguneo, la cosificación y el insulto. La democracia paritaria no se agota con la ley, sino que es necesario profundizar caminos comprometidos desde los espacios institucionales y mediáticos que aseguren condiciones de ejercicio libres de discriminación y violencia en todos los espacios y niveles de la vida pública.
Eliana Persky espolitóloga (UBA), candidata a maestanda en políticas públicas (UNSAM). Miembro de Génera (Centro de Formación y Pensamiento).