Lo hizo en una causa presentada por un trabajador, quien demandó a las empresas Telecom Argentina S.A., Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L. por diversos créditos salariales y por una indemnización por despido.
La funcionaria bonaerense estaba con arresto domiciliario por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y fue excarcelada por el tribunal de apelaciones.
El criterio de Mario Villar se opone a las consideraciones de sus colegas, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado a la prisión domiciliara que se le otorgó a la exmandataria.
El Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Alesia Abaigar, otra de las imputadas, ya se encuentra en su domicilio también. No obstante, rechazó medidas alternativas a la prisión preventiva de la concejala Eva Mieri.
El archivo de la pesquisa lo decretó el juez federal Luis Armella, el mismo que estuvo acusado en el caso “Gestapo antisindical”. En este caso, el magistrado se hizo eco de un planteo que realizó el fiscal Sergio Mola, quien tenía delegada la investigación de la visita a represores como Alfredo Astiz y enfatizó que el SPF no cometió ningún ilícito.
El Presidente denunció a Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos por dichos sobre su salud mental y su vida sexual. El día anterior, había presentado una acción judicial contra Julia Mengolini.
Lo hicieron los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes sostuvieron que la OA no investigó, no contrastó y no verificó nada. "Solo convalidó un relato", afirmaron.
El juez Daniel Rafecas ordenó por primera vez en la historia argentina un juicio oral en ausencia a diez acusados prófugos y define los fundamentos legales y los expositores del debate.
La magistrada del TOC N.º 2 de san isidro presentó su dimisión tras confirmarse el jury de enjuiciamiento por el documental en el juicio por la muerte de diego maradona..
Los jueces del máximo tribunal desestimaron el planteo de dos imputados contra dos camaristas, en el expediente que investiga un acuerdo entre el Estado y la firma de la familia del expresidente.