El Gobierno aceleró las negociaciones parlamentarias para avanzar con la
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre la explotación petrolera en las
Islas Malvinas. La iniciativa apunta a ampliar las
sanciones contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
La sesión especial en Diputados fue convocada para el
18 de noviembre, pero el oficialismo todavía no tiene asegurados los votos para aprobar el proyecto completo. Por eso, La Libertad Avanza evalúa impulsar una votación por capítulos, con el objetivo de separar el régimen sancionatorio de los artículos que generaron diferencias con los bloques dialoguistas.
La estrategia también contempla sumar respaldos de sectores del peronismo, aunque todavía no hay un acuerdo con Unión por la Patria.
Uno de los puntos que el Ejecutivo busca acelerar es la aplicación de sanciones contra las compañías vinculadas con la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. Cancillería mantiene abiertos procedimientos contra 60 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas: 45 expedientes fueron iniciados en septiembre y luego se incorporaron otros 15.
La legislación actual, establecida por la Ley 26.659 y modificada en 2013, ya contempla inhabilitaciones de cinco a veinte años y sanciones penales para determinadas actividades no autorizadas. El nuevo proyecto propone extender ese esquema a otras formas de explotación de recursos naturales e incorporar multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, restricciones para contratar con el Estado y mecanismos para incentivar el abandono de las operaciones cuestionadas. Su alcance definitivo dependerá del texto que consiga aprobar el Congreso.
El principal obstáculo de la negociación está en el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores aliados cuestionan la amplitud de algunas figuras y advierten sobre posibles efectos en la libertad de expresión. Aunque el Gobierno ofreció cambios e incorporó excepciones para actividades periodísticas, académicas y de representación de intereses, las objeciones continúan y obstaculizan los 129 votos necesarios para avanzar.
La disputa ante el Tribunal del Mar
La discusión en el Congreso se desarrolla en paralelo al reclamo argentino ante el Tribunal del Mar, cuyas audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. El país pidió medidas provisionales para frenar el avance del proyecto Sea Lion, impedir nuevas perforaciones e instalaciones productivas y preservar el medio marino.
La resolución está prevista para el 28 de noviembre, aunque no definirá la soberanía sobre las islas ni resolverá el fondo de la controversia.
El emprendimiento está impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan realizar perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. El Reino Unido rechazó el pedido argentino y cuestionó la competencia del organismo para intervenir.
En tanto, la Argentina mantiene un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una instancia diferente que podría continuar incluso si Hamburgo rechaza las medidas provisionales. Al momento, Casa Rosada contempla tres escenarios para el fallo: una decisión favorable, la concesión de medidas parciales o el rechazo del pedido.