14.11.2026 / CRISIS DE VIVIENDA
España: la crisis de vivienda desata la primera huelga general en 14 años
España vivió esta semana su primera huelga general desde 2012, con multitudinarias movilizaciones para reclamar viviendas accesibles, mejores salarios y servicios públicos. La protesta, impulsada por el movimiento de inquilinos y respaldada por CCOO y UGT, puso en el centro una crisis habitacional marcada por precios que crecen muy por encima de los ingresos.
La protesta tuvo una característica inédita: a diferencia de anteriores huelgas generales, organizadas principalmente contra reformas laborales, recortes o políticas económicas, esta vez uno de los motores centrales fue el acceso a la vivienda. El Sindicato de Inquilinas logró trasladar una protesta que venía creciendo en las calles hacia los lugares de trabajo y obtuvo el respaldo de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), las dos principales centrales sindicales españolas.
Bajo el lema "Salarios, vivienda, precios", los manifestantes reclamaron viviendas accesibles, aumentos salariales y un mayor papel del Estado para contener el encarecimiento del mercado inmobiliario.
La jornada culminó con movilizaciones multitudinarias. En Madrid participaron unas 120.000 personas según la Delegación del Gobierno, mientras que los organizadores ofrecieron cifras considerablemente superiores. En Barcelona, la Guardia Urbana contabilizó unas 55.000 personas. También hubo manifestaciones importantes en Valencia y otras ciudades españolas.
Por qué la vivienda se convirtió en el centro de la protesta
La huelga es el resultado de un problema que se fue acumulando durante años. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se generó un déficit cercano a las 750.000 viviendas por la diferencia entre la creación de nuevos hogares y la construcción de nuevas unidades. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga se encuentran entre las zonas donde esa brecha se concentra con mayor intensidad.
La falta de oferta coincide con una fuerte escalada de precios. Según los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026. Las viviendas usadas subieron un 12,9% y las nuevas, un 7,4%.
En el mercado del alquiler la tendencia viene de más atrás. El precio promedio pasó de 10,80 euros por metro cuadrado en diciembre de 2019 a 14,40 euros a finales de 2025, un incremento superior al 33%, según datos de Idealista recopilados por Wired. En ese período los salarios crecieron a un ritmo considerablemente menor.
El problema afecta especialmente a las grandes ciudades y a los jóvenes. En 2025, el 67,1% de los españoles de entre 18 y 34 años todavía vivía con sus padres. Entre las personas de 26 a 34 años que no se habían independizado, un 34,6% señalaba como motivo la imposibilidad económica de alquilar una vivienda.
La falta de viviendas y el peso del alquiler turístico
Uno de los blancos de las protestas son los alquileres turísticos y las plataformas como Airbnb, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla. El crecimiento de estas modalidades retira viviendas del mercado residencial tradicional y agrega presión sobre los precios en los barrios más demandados.
Sin embargo, el fenómeno no explica por sí solo la crisis. El problema estructural es más amplio: durante años la creación de hogares avanzó más rápido que la construcción, mientras España mantiene un parque limitado de vivienda pública y protegida.
Un estudio académico sobre Barcelona estimó, por ejemplo, que la expansión de Airbnb provocó aumentos en los alquileres y precios de venta, con efectos particularmente importantes en los barrios donde se concentraban más alojamientos turísticos. Pero los propios datos del Banco de España muestran que el déficit habitacional excede ampliamente el fenómeno turístico.
Los sindicatos y organizaciones de inquilinos reclaman por eso una combinación de medidas: ampliar fuertemente el parque de vivienda pública y asequible, movilizar viviendas vacías, limitar la especulación inmobiliaria y aumentar los salarios.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, planteó como objetivo que España llegue a disponer de entre 1,5 y 3 millones de viviendas a precios accesibles, una expansión de la oferta pública que, según sostuvo, también podría contribuir a reducir los precios del mercado privado.
Del desalojo de Maricarmen a una huelga general
El detonante político y social de la actual ola de protestas fue el desalojo, el 23 de septiembre, de Maricarmen Abascal, una mujer madrileña de 87 años. Su caso provocó manifestaciones y acampes y se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional. Abascal murió semanas después.
Las movilizaciones fueron creciendo hasta que las organizaciones de inquilinos impulsaron la convocatoria a una huelga general. CCOO y UGT se sumaron, al igual que CGT, CNT, la Confederación Intersindical, Solidaridad Obrera y otras organizaciones. Fue la primera convocatoria nacional de este tipo desde noviembre de 2012, cuando los sindicatos paralizaron actividades contra los recortes y la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.
Esta vez, además, el conflicto se produce en un escenario político particular. España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre y la campaña comienza apenas días después de la huelga, lo que convirtió a la vivienda en uno de los principales temas de la disputa electoral.
Seguimiento desigual y movilizaciones multitudinarias
Medir el impacto laboral de la huelga dejó cifras enfrentadas. CCOO y UGT sostuvieron que el seguimiento superó el 80% en algunas actividades y territorios, aunque reconocieron fuertes diferencias regionales. La patronal CEOE, por el contrario, calculó una adhesión inferior al 5% y calificó el paro como un fracaso.
La incidencia fue mayor en sectores industriales, automotrices, petroquímicos, logísticos y del transporte, mientras que resultó más limitada en otras actividades y en regiones donde el precio de la vivienda genera menos presión.
En las calles, en cambio, el impacto fue mucho más visible. Las protestas reunieron a decenas de miles de personas pese a las fuertes lluvias que afectaron varias regiones. En Madrid y Barcelona se produjeron incidentes una vez terminadas las principales manifestaciones. El balance oficial llegó a al menos 75 detenidos y más de 1.000 incidencias en todo el país, además de siete policías heridos. Los sindicatos, por su parte, denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante algunos piquetes.
Más allá de la disputa por las cifras de adhesión, la jornada dejó instalada una novedad en la política social española: por primera vez en décadas, la vivienda dejó de funcionar solamente como una demanda sectorial para convertirse en el eje de una huelga general.
A menos de tres semanas de las elecciones, el acceso a una vivienda asequible quedó así situado entre los principales problemas que deberá enfrentar el próximo gobierno español.
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