Tras el revés que sufrió La Libertad Avanza en Diputados, la jefa del bloque oficialista en el Senado,
Patricia Bullrich, concentra sus esfuerzos en acelerar el tratamiento de la nueva ley de discapacidad y conseguir dictamen este miércoles, con el objetivo de llevarla al recinto antes de que termine el período ordinario.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados contra la voluntad del Gobierno, apunta a reemplazar el régimen de emergencia -cuya prórroga fue descartada en el Congreso-, por un sistema permanente que garantice la continuidad de las prestaciones.
El debate comenzará a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner. La intención del oficialismo es avanzar con la sanción definitiva entre el 19 y el 26 de noviembre, aunque la aprobación también forma parte de las condiciones que plantean los bloques aliados para acompañar otras iniciativas del Gobierno.
La discusión llega tras el conflicto que generó el proyecto de
Presupuesto 2027, donde el Gobierno incorporó artículos para eliminar beneficios centrales del sistema. Entre ellos, figuraban la derogación del nomenclador único, el fin de la actualización de los aranceles y la eliminación de la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo formal.
Las objeciones de la oposición y de los bloques dialoguistas obligaron al oficialismo a cambiar de estrategia.
En qué consiste la nueva Ley de Discapacidad
La nueva iniciativa recupera prácticamente todo el esquema de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para darle continuidad permanente.
Entre sus disposiciones, mantiene la posibilidad de cobrar una pensión por discapacidad y trabajar o estar inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También conserva el nomenclador único y la actualización periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria.
El texto, además, garantiza la cobertura básica de Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas y establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Por otra parte, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fijar un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley. La garantía de los recursos necesarios para sostener el sistema será uno de los puntos centrales de la negociación parlamentaria y también una de las exigencias para destrabar el Presupuesto 2027.