Unión por la Patria (UxP) reclamó que se investigue el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y se revise la operación por la que el Estado vendió el 90% de la compañía. Así lo exigió el diputado nacional Guillermo Michel a la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de advertir que la empresa se está "malvendiendo".
El legislador solicitó que el organismo realice una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento sobre todo el proceso de privatización. También pidió que el requerimiento sea incorporado al Programa Operativo Anual 2026 y que el informe final sea remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 1° de marzo de 2027.
Michel apunta principalmente al precio de venta: el Gobierno adjudicó el 90% de las acciones estatales por u$s340,2 millones. Michel sostuvo que la cifra equivale a apenas 1,3 años de utilidad operativa, cuando en operaciones de este tipo se suelen pagar entre siete y diez veces las ganancias anuales. Además, señaló que AySA factura unos u$s1.100 millones por año y presta servicios a 3,9 millones de usuarios.
"El agua en el mundo es un bien esencial y se debe garantizar", planteó, al mencionar las consecuencias de la operación y reflexionar quién responderá ante eventuales cortes del suministro y reclamos de los usuarios una vez concretada la transferencia de la compañía.
La Hidrovía, bajo auditoría
El pedido sobre AySA se conoce mientras la AGN avanza con la incorporación de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay a su Programa de Acción para 2027. El plan ya fue aprobado por el Colegio de Auditores, aunque todavía resta el aval de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La concesión, otorgada a la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus por 25 años, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.
Uno de los principales cuestionamientos surgió del Ministerio Público Fiscal, que advirtió una "grave vulneración al principio de transparencia" por la falta de parámetros objetivos para evaluar las ofertas técnicas. Esa ausencia, según el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, habría otorgado a la comisión evaluadora un margen excesivo de discrecionalidad y la posibilidad de modificar criterios después de abiertas las propuestas.
También hubo denuncias penales por un presunto direccionamiento de la licitación y posibles delitos contra la administración pública.
Los vínculos del Grupo Neuss
En el caso de la Hidrovía, las denuncias también apuntaron a los vínculos del consorcio ganador con el Grupo Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. La información publicada señala la existencia de presuntos socios ocultos detrás de la adjudicación.