En medio de la tensión con el Gobierno británico por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, el primero publicó una guía destinada a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en el archipiélago, suministran bienes o servicios o tienen participación directa o indirecta en su economía. A ello, la Cancillería argentina
respondió con "enérgico rechazo” al considerar que el documento busca respaldar negocios y actividades hidrocarburíferas en dicho territorio, así como en sus espacios marítimos circundantes.
El documento, titulado
Doing business with the Falkland Islands (“Haciendo negocios con las Islas Malvinas”), fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. Allí Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a regular su economía y explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la legislación vigente en el territorio.
Qué ofrece la guía británica a las empresas
El documento contempla distintos escenarios para compañías vinculadas con las islas:
• Ante medidas argentinas: recomienda buscar asesoramiento jurídico independiente si una empresa recibe comunicaciones oficiales o enfrenta posibles acciones legales por sus actividades en Malvinas.
• Respaldo diplomático: Londres afirma que puede expresar su posición ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y las empresas involucradas.
• Presiones en terceros países: también ofrece asistencia si una compañía, subsidiaria o proveedor enfrenta consecuencias comerciales fuera de Argentina y el Reino Unido por sus vínculos con las islas.
La guía reafirma además la posición británica sobre la soberanía al definir a las Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y sostener que el Reino Unido no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”. Al mismo tiempo, Londres insiste en que las leyes argentinas no tienen aplicación en las islas y que las medidas adoptadas por Buenos Aires tampoco deberían alcanzar a las empresas que operan allí.
La respuesta de Cancillería
La cartera que conduce Pablo Quirno sostuvo que el documento británico promueve actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En su respuesta, reafirmó que los archipiélagos forman parte del territorio argentino y se encuentran
“ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.
La Cancillería vinculó la publicación con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Tras la Decisión Final de Inversión, el Gobierno argentino convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel y entregó notas de protesta por las licencias, los llamados a proveedores y otras iniciativas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
Además, el Ejecutivo advirtió que aplicará las leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026 contra empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considere no autorizadas en su plataforma continental. Según Cancillería, ya fueron enviadas unas 180 notas de advertencia a personas y empresas de 30 países, existen 60 procedimientos administrativos y tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos.