11.09.2026 / A CARGO DE CANCILLERÍA
El Gobierno creó un sistema para coordinar la política exterior con foco en el reclamo por Malvinas
El nuevo sistema funcionará bajo la órbita de Cancillería y obligará a organismos nacionales a informar determinadas gestiones internacionales, con mayor peso en actividades que puedan incidir sobre la soberanía argentina en las islas.
El Gobierno creó un sistema que le permitirá a Cancillería recibir información sobre reuniones, negociaciones y comunicaciones de organismos nacionales con autoridades extranjeras y entidades internacionales, especialmente cuando puedan afectar el reclamo argentino por Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
A través del Decreto 983/2026, el Ejecutivo estableció el Sistema de Articulación de la Política Exterior, que tendrá a su cargo la implementación de mecanismos de “información, coordinación y asesoramiento oportuno” sobre las actividades internacionales de los organismos de la Administración Pública Nacional que puedan tener incidencia en la política exterior o en los intereses internacionales de la Argentina.
La medida alcanza a gestiones que puedan fijar posiciones oficiales, intervenir en negociaciones diplomáticas o derivar en acuerdos, convenios y declaraciones conjuntas, pero también a aquellas que generen consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país o comprometan los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo.
En el caso de Malvinas, el decreto establece expresamente que deberán informarse las actividades que involucren a esos territorios y sus espacios marítimos e insulares o que “pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina”, bajo el argumento oficial de que la defensa de esos derechos requiere una acción estatal “coordinada y coherente”.
A partir de la información recibida, Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones y elevarlas a la máxima autoridad del organismo involucrado cuando considere que una gestión puede afectar los intereses internacionales del país. Cabe mencionar que la intervención no supone una autorización de la actividad ni modifica las facultades o la dependencia de los funcionarios de cada organismo, que además deberá designar un “enlace” con el Ministerio.
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