09.09.2026 / LÍMITE
La Justicia bonaerense fijó límites a la privatización de AySA impulsada por Milei
Una cámara bonaerense confirmó una cautelar que impide a AySA reducir o modificar sus obligaciones sobre el servicio de agua y cloacas, mientras el Gobierno avanza con el proceso para transferir el 90% de la empresa al sector privado.
En medio de los planes de privatización de AySA impulsados por el Gobierno de Javier Milei, la Justicia bonaerense logró imponer límites al proceso al confirmar una medida cautelar que impide a la empresa “modificar, reducir, limitar, suspender o alterar” sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente.
La resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata surgió a partir de una demanda presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo al considerar que podía reducir los estándares sanitarios, ambientales y de protección de los usuarios. El planteo alcanza a los servicios de agua y cloacas que AySA presta en 26 municipios del conurbano y la región metropolitana.
Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez rechazaron la apelación de AySA y mantuvieron vigente la cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo. Para fundamentar la decisión, hicieron referencia al derecho humano al agua, los principios preventivo y precautorio en materia ambiental y la doctrina in dubio pro natura, que establece que ante una duda debe priorizarse la alternativa que genere un menor perjuicio.
El fallo se conoció mientras el Ejecutivo acelera el proceso de privatización de la compañía, declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases y cuyo procedimiento fue habilitado posteriormente por el Decreto 494. El Gobierno busca transferir al sector privado el 90% del capital social de AySA y extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para recibir propuestas, con una expectativa de recaudación cercana a los 450 millones de dólares.
La Cámara también determinó que el expediente deberá continuar en el fuero federal, pese al planteo de Lorenzino para que permaneciera en la Justicia provincial. Los magistrados consideraron que la causa requiere interpretar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA mantiene una participación estatal mayoritaria.
La resolución no suspende ni anula la privatización, pero establece un límite concreto al nuevo esquema de concesión: mientras continúe el litigio, AySA no podrá avanzar con modificaciones que impliquen un retroceso en sus obligaciones sobre la prestación del servicio, el acceso al agua potable y las garantías ambientales y sanitarias de los usuarios.
Lo más leído
