La administración cordobesa de
Martín Llaryora quedó salpicada por un escándalo que acaba de ver la luz, y que tiene como protagonista a uno de sus legisladores,
Ernesto Ramón “Cañito” Flores. La polémica surgió luego de que se revelara que uno de los predios vinculados al segundo habría sido utilizado en hechos de explotación sexual investigados por la Fiscalía de Deán Funes, que ya detuvo a varios sospechosos y mantiene bajo investigación a otras personas.
La causa se inició a partir de denuncias por
grooming y abuso sexual de adolescentes en Villa de María de Río Seco y ya acumula al menos once detenidos. Entre ellos está
José Villarreal, quien se desempeñaba como asesor de Flores en la Legislatura y, al mismo tiempo, trabajaba en emprendimientos privados del legislador. Uno de los hechos investigados habría ocurrido en el campo perteneciente a Flores y denunciado seis años atrás, en 2020.
El miembro de la legislatura aseguró que tomó conocimiento de la situación de su asesor a fines de julio y que ordenó inmediatamente su desvinculación, aunque la baja contractual se formalizó semanas después. Tras el episodio, Flores -quien no está imputado en la causa- pidió licencia en su banca para evitar que su permanencia interfiera con la investigación.
Sin embargo, anteriormente ya había quedado implicado en otros escándalos que salpicaron a asesores y colaboradores de la Legislatura, algunos de ellos designados pese a sus antecedentes penales. A partir de esos episodios, los manejos de Flores comenzaron a sumar cuestionamientos por el modo en que construyó y sostuvo su estructura de poder en el norte de la provincia.
Más allá del caso puntual, gracias a él quedó expuesta una estructura que impacta de lleno en su imagen, puesto que lleva casi dos décadas ocupando cargos públicos en Río Seco, como legislador entre 2007 y 2011, luego como intendente de Villa de María durante doce años y de nuevo en la Legislatura con la llegada de Llaryora a la Gobernación.
En el departamento, "Cañito" Flores es descripto como un dirigente con fuerte arraigo territorial y una lógica de conducción similar a la de un “patrón de estancia”, con influencia sobre buena parte de la política local. Además de su actividad política, desarrolla negocios privados vinculados a la actividad agropecuaria, el asesoramiento y el alojamiento hotelero.
En este contexto, dudas sobre el patrimonio de Flores y sus negocios también quedaron bajo la lupa. Su última declaración jurada registra ahorros, inversiones, vehículos de alta gama y nueve inmuebles en Villa de María, además de terrenos y otros activos. A eso se suma el hotel que administra mediante una sociedad constituida en 2021, cuando todavía era intendente, que resultó escandaloso por reintegros que habría gestionado ante el Estado provincial por servicios de catering y fotografía para eventos realizados, entre ellos dos brindis en ese mismo establecimiento.
El retraso de la investigación
Sobre la investigación actual en torno a grooming y abuso sexual a adolescentes, su retraso se debe a que la fiscal que entonces intervenía,
Fabiana Pochettino, no habría profundizado aquella primera denuncia. Cabe mencionar que la misma sumó otras controversias por omisiones en la investigación por la muerte de Joaquín Paredes; e irregularidades en una causa que involucró a José Díaz, exintendente de El Brete, por abuso sexual y coacción.
En la actualidad, la fiscal
Analía Cepede quedó al frente de la investigación y avanzó sobre los hechos que involucran a Villarreal.