
La reforma laboral del Gobierno, presentada como una norma destinada a favorecer al sector empresario, sumó su primer cuestionamiento judicial de parte de una cámara patronal. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) se presentó ante la Justicia laboral y solicitó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley 27.802 y contra la reglamentación firmada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto con una medida cautelar de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El amparo apunta contra el artículo 133 de la reforma, que fijó un tope del 0,5% de las remuneraciones para los aportes y contribuciones que los empleadores destinan a cámaras y asociaciones patronales. Pero el principal perjuicio que Adimra busca revertir es el decreto reglamentario 407/26, que estableció que esos aportes solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a la cámara correspondiente.
En el caso de la industria metalúrgica, la entidad recauda a través del convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un 1% del salario de cada trabajador, lo que representa ingresos anuales no menores a 20 millones de dólares para una nómina de unos 220 mil operarios en todo el país. El nuevo esquema reduce a la mitad ese monto y limita drásticamente el universo de empresas alcanzadas.
Un malestar que no es aislado
La medida de Adimra, que reveló el periodista Mariano Martin, no es un hecho aislado. Otras cámaras, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), evalúan presentaciones similares. Y la Unión Industrial Argentina (UIA) ya había expresado su descontento semanas atrás, cuando su principal asesor laboral resumió ante la Junta Directiva un diagnóstico crítico: la reforma que debía beneficiar al sector terminó, en los hechos, complicando a los empresarios.
El malestar no se limita al financiamiento de las cámaras. Para buena parte del sector patronal, la reforma también alteró el esquema tradicional de relación con los sindicatos, al habilitar la creación de nuevas organizaciones -tanto obreras como empresarias- y al invertir el orden de prioridad de las negociaciones colectivas, de modo que los convenios de menor jerarquía (regionales, provinciales o por empresa) puedan prevalecer sobre los de alcance nacional.
Vale recordar que Sturzenegger, con una impronta ideológica de la Escuela Austríaca que comparte con Milei, había intentado aplicar un límite similar a los aportes sindicales. En ese caso, la resistencia de la CGT y del ala política del propio Gobierno obligó a reescribir el decreto original y avanzar con uno nuevo, firmado esta vez por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que dejó a salvo el financiamiento gremial. La nueva norma, en cambio, no incluyó ninguna salvaguarda equivalente para las cámaras patronales.
El "Coloso", con la lupa puesta encima
El amparo de Adimra se suma a una serie de traspiés que viene acumulando la agenda de desregulación de Sturzenegger. Días atrás, el propio oficialismo debió retirar la reforma de la Ley de Tierras para evitar una derrota legislativa y tampoco logró avanzar con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El episodio reavivó las críticas internas contra el ministro, señalado por funcionarios y legisladores libertarios por diseñar reformas "técnicamente correctas" pero políticamente inviables.
"Federico cree que si una reforma es técnicamente correcta, la política tiene que adaptarse. Pero la política funciona al revés", ironizó un legislador que participó de las negociaciones. Otro dirigente oficialista fue más directo: "Estamos gastando capital político en peleas que podríamos dar más adelante".
A los tropiezos legislativos se suma el conflicto portuario de las últimas semanas, que obligó al Gobierno a crear una mesa de trabajo intersectorial para desactivar la amenaza de medidas de fuerza, y el rechazo generalizado -de libreros, editoriales y cámaras del sector- a la desregulación del mercado del libro, que abriría la puerta a plataformas como Amazon.
Pese a este cúmulo de fracasos y roces con sectores tan diversos como el empresario, el sindical y el editorial, Javier Milei mantiene intacto su respaldo público a Sturzenegger, a quien sigue definiendo como "el Coloso" de su gabinete.
Sin embargo, dentro de Casa Rosada y del bloque libertario crece el número de voces que reclaman una estrategia más pragmática, capaz de calibrar los costos políticos antes de avanzar. Con el Super RIGI y la reforma de la Ley General de Sociedades como próximas pruebas, el Gobierno deberá decidir si sostiene el ritmo acelerado que caracteriza a su ministro estrella o si opta, finalmente, por administrar con más cautela el resto de su agenda desreguladora.