Tras la firma del Gobierno nacional al Consenso de Ginebra, que cuestiona la existencia de un derecho internacional a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), se multiplica el repudio de organismos y colectivos feministas que denuncian un retroceso en materia de derechos. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue una de las organizaciones que rechazó enérgicamente la decisión y advirtió que el alineamiento internacional no modifica la vigencia de la Ley 27.610.
Desde la Campaña señalaron que la adhesión representa un alineamiento con una "coalición internacional de derecha que busca restringir los derechos reproductivos" y cuestionaron que el Ejecutivo avance en esa dirección mientras la legislación argentina mantiene vigente el acceso a la IVE. “No es una defensa de 'la vida y la familia', sino una cruzada internacional contra la autonomía, los derechos de las mujeres y disidencias, y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos”, sostuvieron.
Mientras referentes de La Libertad Avanza, como el politólogo Agustín Laje, califican la decisión de "excelente”, la organización feminista planteó reparos jurídicos y afirmó que “plantea un grave problema de inconstitucionalidad”, al considerar que el Poder Ejecutivo no puede desconocer una norma sancionada por el Congreso ni avanzar sobre derechos reconocidos.
Asimismo, denunció el desfinanciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y la desarticulación del Programa Remediar como parte de las dificultades para garantizar el acceso efectivo a las políticas de salud reproductiva.
Qué plantea el documento
El Consenso de Ginebra fue impulsado en 2020, durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos y con Jair Bolsonaro en Brasil. Sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo, además de plantear que la regulación de la práctica corresponde a cada país y reivindicar a la familia como base organizadora de la sociedad.
Cabe mencionar que la adhesión del Ejecutivo, a cargo de
Javier Milei, no modifica por sí misma la legislación argentina (Ley 27.610), sancionada en diciembre de 2020 y vigente desde enero de 2021, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. El documento internacional tampoco tiene fuerza legislativa ni de ejecución, aunque deja ver la coordinación diplomática entre los países que lo integran.
La firma contó además con la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y de la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense, Bethany Kozma. Lamelas destacó que más de 40 países forman parte de la iniciativa y expresó su expectativa de que se incorporen nuevas naciones del hemisferio.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno defendió la decisión al afirmar que la incorporación busca aportar “liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones”. La medida profundiza así el alineamiento internacional del Gobierno de Milei con sectores conservadores, mientras organizaciones feministas se mantienen en alerta ante el avance de medidas que dan muestra del deterioro de los derechos humanos.