La empresa avícola Granja Tres Arroyos echó a 250 empleados sobre un plantel total de 900 trabajadores de su planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La compañía atribuyó la medida a la caída de la actividad.
Los telegramas de despidos enviados a los trabajadores aseguran que "la decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad".
Y añadió: "En particular, los brotes de influenza aviar registrados en el país que determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación, provocando una significativa reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa".
Frente a la catarata de despidos, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó este martes su repudio y cuestionó el accionar “artero e insensible” de la empresa frente a la grave situación económica de los trabajadores.
Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”. Al respecto, indicaron que entre los despedidos también se encuentran delegados de personal.
"Vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”, alertaron sobre la situación de los trabajadores.
“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.
Al mismo tiempo, desde el sindicato dijeron que la justificación de la compañía no es más que riesgo empresarial, pero queda expuesto como fuerza mayor. “No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló Julio Chamorro, secretario general en Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).