10.08.2026 / LA PAMPA
Ziliotto reclamó a la Corte que obligue a Mendoza a cumplir el fallo por el río Atuel
El gobernador de La Pampa reclamó a la Corte Suprema que garantice el cumplimiento de sus sentencias sobre el río Atuel y el ingreso permanente de un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo a territorio pampeano. La Provincia sostiene que, pese a los fallos de 2017 y 2020, Mendoza continúa sin garantizar el agua necesaria para comenzar a recomponer el ecosistema afectado.
El mandatario provincial insistió en que el máximo tribunal debe avanzar en la ejecución de sus propias decisiones y garantizar el ingreso permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo, el caudal que la Corte fijó en 2020 como "meta interina" para iniciar la recomposición del ecosistema afectado.
"Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que haga cumplir sus fallos y termine con el daño ambiental", planteó Ziliotto en el marco de un nuevo aniversario del Día de la Lucha por el Río Atuel.
El reclamo se inscribe en el histórico conflicto entre La Pampa y Mendoza por el aprovechamiento de las aguas del río, una disputa que atravesó distintas instancias políticas y judiciales y que tuvo dos pronunciamientos centrales de la Corte en los últimos años.
Qué ordenó la Corte sobre el río Atuel
En diciembre de 2017, la Corte Suprema reconoció la necesidad de recomponer el ecosistema del noroeste pampeano afectado por la falta de agua y ordenó a La Pampa y Mendoza determinar un caudal hídrico apto para cumplir ese objetivo. También dispuso que ambas provincias, junto con el Estado nacional, elaboraran a través de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) un programa de obras y acciones.
Ante la falta de acuerdo entre las jurisdicciones, el máximo tribunal volvió a intervenir en julio de 2020 y estableció como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa. La propia Corte explicó que ese volumen debía funcionar como instrumento para posibilitar el cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río en territorio pampeano.
Además, el fallo estableció que las provincias y el Estado nacional debían determinar las obras y acciones necesarias para alcanzar ese objetivo y advirtió que, en caso de no existir una solución consensuada, sería el propio tribunal el encargado de definir el curso a seguir.
La Pampa denuncia que el fallo sigue sin cumplirse
Seis años después de aquella sentencia, el Gobierno pampeano sostiene que el caudal fijado judicialmente todavía no se garantiza de manera permanente y que, por lo tanto, continúa el deterioro ambiental en el oeste provincial.
La controversia tiene décadas de historia. En 1987, la Corte ya había declarado el carácter interprovincial del río Atuel. Sin embargo, el conflicto adquirió posteriormente una dimensión específicamente ambiental: en su fallo de 2017, el máximo tribunal consideró que la discusión debía abordarse desde una perspectiva integral de cuenca y teniendo en cuenta la necesidad de recomponer el ecosistema afectado.
En esa sentencia, la Corte señaló que la controversia ya no se limitaba a determinar derechos sobre el aprovechamiento del agua, sino que involucraba un problema ambiental "policéntrico, multicausal y eminentemente prospectivo".
La disputa volvió así al centro de la agenda pampeana. Para el gobierno de Ziliotto, ya no se trata de obtener un nuevo pronunciamiento judicial, sino de que se ejecuten efectivamente decisiones que la Corte tomó hace años y que establecieron obligaciones concretas para avanzar en la recuperación ambiental de la cuenca del Atuel.
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