El Gobierno busca flexibilizar la Ley de Tierras mientras crece la extranjerización en zonas estratégicas del país

La decisión del Gobierno de avanzar con modificaciones a la Ley de Tierras volvió a poner el foco sobre el nivel de extranjerización del territorio argentino. El bloque de La Libertad Avanza en el Senado impulsa un proyecto que elimina el artículo 8 de la Ley 26.737, la norma que establece un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales en el país, las provincias y los municipios. La iniciativa reabre un debate que atraviesa cuestiones de soberanía, control de recursos naturales y desarrollo estratégico, especialmente porque distintos relevamientos muestran que en varias regiones ese límite ya se encuentra muy cerca de alcanzarse e incluso fue ampliamente superado. Según datos del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires— alrededor del 5% del territorio argentino ya pertenece a capitales extranjeros. Se trata de unas 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra. Los principales propietarios extranjeros provienen de Estados Unidos, con unas 2,7 millones de hectáreas; Italia, con alrededor de 2 millones; y España, con cerca de 1,7 millones de hectáreas. Los investigadores advierten que las mayores concentraciones se registran en zonas de frontera y en territorios con recursos estratégicos, como reservas de agua dulce, yacimientos mineros, áreas forestales y corredores logísticos. Entre las jurisdicciones que más preocupan aparecen Salta y Misiones, que se encuentran muy próximas al tope del 15% fijado por la legislación vigente. Pero el fenómeno adquiere otra dimensión cuando se analiza por departamentos. Allí existen casos donde más de la mitad de la superficie ya pertenece a propietarios extranjeros. Según el Observatorio de Tierras, los porcentajes más elevados corresponden a: San Carlos (Salta): 59,82% Molinos (Salta): 57,79% General Lamadrid (La Rioja): 56,70% Lácar (Neuquén): 54,17% A ellos se suman otros distritos con niveles muy superiores a los permitidos por la ley, como Campana, en la provincia de Buenos Aires (50,27%), Iguazú (39,95%), Ituzaingó (33,9%) y Berón de Astrada (32,7%), entre otros. De acuerdo con el informe, muchos de esos territorios concentran recursos considerados estratégicos, entre ellos cuencas hídricas, áreas mineras y sectores ubicados sobre la hidrovía del río Paraná. No es el primer intento del oficialismo por flexibilizar el régimen vigente. El Gobierno ya había incluido la derogación de distintos artículos de la Ley de Tierras dentro del DNU 70/2023, aunque esa modificación quedó suspendida por una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ahora la iniciativa vuelve al Congreso mediante un proyecto que propone eliminar, entre otros, los artículos 8, 9 y 10 de la norma. Esos apartados fijan el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, restringen la concentración por nacionalidad y establecen un máximo de superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero según la región del país. Desde el Observatorio de Tierras también recuerdan que durante el gobierno de Mauricio Macri el decreto 820/2016 flexibilizó los criterios para contabilizar la extranjerización mediante cambios en la forma de registrar sociedades y participaciones accionarias. Según los investigadores, esa modificación metodológica redujo artificialmente los porcentajes informados oficialmente, sin que ello implicara una disminución real de las tierras en manos extranjeras. Con el nuevo proyecto impulsado por La Libertad Avanza, el debate vuelve a instalarse en el Congreso, esta vez con el foco puesto en si el Estado debe mantener límites sobre la propiedad extranjera de recursos considerados estratégicos o avanzar hacia una mayor apertura del mercado de tierras rurales.

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