03.08.2026 / EDUCACIÓN
Paro docente: rige la huelga en todo el país y el Gobierno monitorea el funcionamiento de las escuelas
La medida de fuerza impulsada por CTERA afecta a escuelas de distintas provincias en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo. En paralelo, Nación despliega un operativo para controlar el nivel de acatamiento.
Este lunes, comenzó el paro docente en escuelas de todo el país por 48 horas con reclamos que van desde la reapertura de la paritaria nacional, la recomposición de los salarios hasta la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Sin brindar respuesta todavía, el Gobierno nacional se limitó a desplegar un operativo para relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo.
La convocatoria fue lanzada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y cuenta con la adhesión de sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires participan SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, mientras que también se suman docentes universitarios nucleados en gremios como CONADU Histórica, aunque el nivel de acatamiento varía según cada jurisdicción.
La protesta, que se desarrollará entre los días 3 y 4 de agosto, coincide con el regreso a las aulas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero, y se suma al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Un reclamo que lleva tiempo
Entre los principales reclamos, los gremios exigen la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fonid, una actualización urgente de los salarios y un incremento de las partidas destinadas al sistema educativo. También reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo y cuestionan las políticas impulsadas por la Casa Rosada para el sector y rechazan las reformas jubilatorias que afectarían el "sistema previsional público, solidario y de reparto".
Desde CTERA sostuvieron que el pedido de una recomposición salarial y de mayor financiamiento responde al deterioro del poder adquisitivo de los docentes frente a la inflación y a la falta de recursos para el funcionamiento de escuelas y comedores. En ese sentido, advierten que la inversión nacional en educación se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025.
Además, los sindicatos rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, proyecto que promueve una mayor desregulación del sistema, habilita modalidades como la educación en el hogar (homeschooling) y la enseñanza a distancia en instituciones extranjeras en reemplazo de la escolaridad presencial obligatoria, además de modificar aspectos centrales de la actual Ley de Educación Nacional.
La respuesta del Gobierno
En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ratificó que durante la jornada de protesta deberá garantizarse "el 75% de la prestación habitual del servicio educativo", considerando su carácter de esencial. Con ese criterio, dispuso un operativo de monitoreo en establecimientos de todo el país.
Los controles estarán a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que recorrerán las escuelas con credenciales oficiales para relevar el nivel de funcionamiento y la adhesión al paro. Según anticipó el Gobierno, la información obtenida servirá para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y, en caso de detectar incumplimientos, analizar la aplicación de sanciones económicas contra las organizaciones sindicales.
El operativo fue coordinado por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, aunque tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la administración bonaerense aclararon que no participarán de las inspecciones.
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