30.07.2026 / POLÉMICA

El rol de Santiago Caputo: cómo se ejecutó el plan de Milei para blindar el DNU contra extranjeros y evitar un efecto boomerang

La decisión de expulsar o impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan discursos de odio contra la Argentina tuvo como principal impulsor político al presidente Javier Milei, pero encontró en el asesor presidencial Santiago Caputo al encargado de darle forma jurídica y política. En la Casa Rosada aseguran que la medida respondió a un reclamo que el Gobierno detectó en la opinión pública tras el Mundial y que buscó transformar en una iniciativa de alcance nacional.





Según reconstruyó Noticias Argentinas, Milei tomó la decisión la semana pasada luego de observar el creciente rechazo en redes sociales a las campañas de extranjeros contra la Argentina. A partir de esa definición política, trasladó la idea a Caputo, quien trabajó en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia que finalmente se firmó el miércoles por la noche y fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En el oficialismo remarcan que la redacción del DNU fue especialmente diseñada para sancionar únicamente los mensajes de odio dirigidos contra "el pueblo argentino" o los ciudadanos por su nacionalidad, excluyendo las opiniones políticas. Ese punto no fue menor: en Balcarce 50 admiten que la delimitación buscó evitar que la norma pudiera interpretarse de manera que alcanzara al propio Milei por sus críticas recientes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa también tuvo como antecedente el proyecto presentado por el legislador bonaerense Agustín Romo para arancelar la salud y la educación de extranjeros sin residencia en la provincia de Buenos Aires. Tras conocer esa propuesta, Milei decidió avanzar con una versión nacional, aunque adaptada al plano migratorio.

"Milei es muy presente en redes. Viene viendo y siguiendo todo lo que pasa", señalaron desde el entorno de Caputo al explicar cómo se gestó una medida que terminó convirtiéndose en una de las decisiones políticas más fuertes del Gobierno en materia migratoria.