La preocupación del sector editorial y librero -fundamentalmente de las editoriales independientes y las librerías de barrio- crece a medida que el Gobierno de Javier Milei ultima detalles del borrador que apunta a la derogación de la Ley 25.542, más conocida como la
Ley del Libro o de Defensa de la Actividad Librera. En la vereda de enfrente, plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y las grandes cadenas de supermercados, aguardan para adueñarse de un mercado en el que el Estado se retira -en caso de que prospere el anteproyecto en el Congreso de la Nación- como árbitro de las reglas de juego.
El Estado no define el precio de un libro, pero sí regula el mercado a través de la Ley 25.542, que establece un precio único/uniforme. El valor de cada título que se vende a los consumidores en todo el país, lo decide libremente cada editorial o importador de acuerdo a determinados criterios. En síntesis, un mismo título debe venderse al mismo precio en cualquier lugar de la Argentina, ya sea una gran cadena, una librería de barrio, un supermercado o una plataforma comercial.
Con la desregulación de dicha normativa, eso ya no ocurría. Es decir, se repetiría el mismo escenario de concentración que
impulsó la sanción de la ley en noviembre de 2001. Aunque, actualmente, ya juega un peso pesado como Mercado Libre, que año a año incrementa la venta de libros en su plataforma.
Si bien aún no se registraron los números oficiales de 2026, la compañía de Marcos Galperín ya registró en 2025
un incremento del 41% en las ventas de libros respecto a 2024 (dentro del marco de la ley 25.542). No es un número para nada despreciable, pero lo cierto es que apenas representó -por aquel entonces- el 1% de la facturación total de Meli. Lo cierto es que la plataforma ofrece un amplio catálogo de los más diversos productos, no solo libros. Lo mismo se refleja en las grandes cadenas de supermercados. En una entrevista reciente para la revista Forbes, Adolfo de Vincenzi, el CEO del grupo ILHSA, dueño de las librerías Yenny y El Ateneo, indicó que -con la desregulación- la venta de libros en los hipermercados representaría apenas el 0,5% de la facturación total. “ Lo pueden regalar sin ningún problema”, planteó.
En ese sentido, habló sobre Meli: “La plataforma está hecha para favorecer el precio más barato. El libro para ellos es lo mismo que cualquier cosa, así que imaginate eso pero con total libertad".
Para las librerías, el margen de ganancia por la venta de un libro, a través de la mencionada plataforma de comercio electrónico, se ubica entre el 35% y el 45%. Es que de cada venta, Mercado Libre se queda con cerca del 23% (comisión y el costo del envío). La comisión va del 13,5 al 18% sobre el precio de venta al público, mientras que el costo por el envío (si el comprador no retira el ejemplar de la librería) ronda el 5% y los impuestos. Vale recordar que Meli ofrece un abono para sus clientes, que incluye envíos gratis o ciertos descuentos. En consecuencia, el traslado del costo de la logística recae en las librerías.
Así que sin el precio uniforme como piso, nada impediría que MELI —u otro actor con capacidad de escala similar— ofrezca descuentos agresivos que las librerías de barrio no podrían igualar por más que lo intenten, ya que no cuentan con los suficientes recursos como para animarse a vender por debajo de sus costos. Así ocurrió en Reino Unido tras el fin del precio fijo en los años noventa. Las grandes cadenas y plataformas como Amazon usaron los descuentos para captar clientes y luego subieron los precios de los libros una vez desplazada la competencia. En paralelo, cerraron más de la mitad de sus editoriales independientes y librerías.
Con las desregulación, las editoriales independientes verían mermadas su capacidad de producción, distribución y venta, ya que sus títulos y escritores (mayormente no de gran trayectoria dentro del ámbito literario) no suelen captar el interés comercial de las grandes cadenas. Las apuestas de estos últimos serían -y la historia así ya lo demostró- por grandes volúmenes de aquellos títulos y escritores de mayor demanda dentro del mercado.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL), que agrupa a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, ya advirtieron sobre las
consecuencias de la desregulación del sector e insistieron en que el sistema de precio uniforme no restringe la competencia sino que la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que el mercado quede dominado únicamente por quienes pueden aplicar mayores descuentos y adquirir grandes volúmenes de determinadas obras.
Asimismo, sostuvo que el precio uniforme facilita el cálculo de las regalías de los autores y contribuye a combatir la piratería al establecer un valor de referencia para las ediciones legales.
Por último, destacó que la industria editorial sostiene miles de puestos de trabajo vinculados a autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales, y afirmó que el sector registró un importante crecimiento desde la sanción de la ley en cuestión.
De esta manera, detrás del discurso libertario de
"más competencia, menos Estado", el Gobierno de Milei apuesta al beneficio de unos pocos. Ni las librerías de barrio, ni las editoriales independientes ni tampoco los lectores, se verían beneficiados con la derogación de una ley, que se sancionó en plena crisis y con el consenso de todo el sector editorial y librero del país, que se mantiene inclusive hasta hoy.