29.07.2026 / LEY DE TIERRAS
La tierra en disputa: crece la marcha al Congreso contra el proyecto de Milei que flexibiliza la venta a extranjeros
Organizaciones sociales, gremios, ambientalistas, sectores religiosos y dirigentes opositores se preparan para movilizarse el 6 de agosto. Advierten que la iniciativa del Gobierno modifica el régimen de tierras rurales y puede afectar la soberanía sobre el territorio argentino.
La convocatoria para marchar al Congreso el próximo 6 de agosto suma sectores y gana volumen a medida que se acerca el debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas, religiosas y políticas rechazan el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei y advierten sobre una posible flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Las dos CTA ya oficializaron su participación bajo la consigna “Por la tierra y el agua”, mientras la CGT analiza sumarse. La central obrera había expresado previamente su rechazo a la iniciativa con una definición contundente: “nuestro suelo es soberanía, no mercancía”. En paralelo, el Observatorio de Tierras de la UBA impulsa una campaña de firmas que ya reúne más de 4.000 adhesiones.
La protesta también tomó forma federal. La Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizan entre el 27 y el 31 de julio talleres, radios abiertas y banderazos bajo el lema “Argentina no se vende”, que tendrán como punto de llegada la movilización frente al Congreso, identificada con el hashtag #LaSoberaníaNoSeNegocia. El reclamo además recibió el respaldo de Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío.
Desde la oposición también buscan darle volumen político a la marcha. El senador Mariano Recalde sostuvo que “la presión social influye en la decisión de los más especuladores” y llamó a movilizarse durante el debate. Cecilia Moreau, por su parte, convocó a participar y vinculó la defensa de la tierra con el sentimiento de unidad que despierta la causa Malvinas.
El proyecto cuenta, sin embargo, con respaldo de sectores empresarios. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, defendió la flexibilización y afirmó que “no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también sostuvo que un extranjero residente debe tener los mismos derechos que un argentino para adquirir tierras, aunque planteó límites para los Estados extranjeros.
El debate pone nuevamente bajo la lupa la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% para la titularidad extranjera y fija restricciones sobre grandes extensiones y terrenos que contienen cuerpos de agua permanentes. El Gobierno ya había intentado avanzar contra esa normativa mediante el DNU 70/2023, pero la Justicia suspendió esa decisión tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ahora, la discusión vuelve al Congreso y promete convertirse en una nueva batalla política por el territorio y la soberanía.
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