27.07.2026 / POLÉMICA
Santa Fe: un camarista avaló los allanamientos sin orden judicial y respaldó el cambio impulsado por Pullaro
La Cámara Penal de Rosario revocó la nulidad dictada en primera instancia y consideró válido un procedimiento realizado en la vivienda de un menor sin autorización judicial. El fallo sostiene que existió una situación de urgencia y que la denominada “flagrancia virtual” habilita el mecanismo previsto por la legislación provincial.
La Justicia de Santa Fe volvió a quedar en el centro de la discusión sobre los límites del poder estatal después de que el camarista Tomás Orso avalara un allanamiento realizado sin orden judicial, en un caso que ya había generado un fuerte enfrentamiento entre magistrados y el gobierno de Maximiliano Pullaro. La resolución revocó el fallo de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había considerado que no existía la urgencia necesaria para evitar la intervención de un juez.
El caso involucra a un menor de 16 años acusado de participar de una balacera. La defensa había cuestionado que se invocara la flagrancia porque habían transcurrido doce horas entre el hecho y el ingreso policial a la vivienda. Sin embargo, Orso interpretó que el plazo relevante debía comenzar a contarse desde que se identificó el domicilio que iba a ser allanado. Según los informes del sistema de videovigilancia Lince, entre esa identificación y el procedimiento transcurrieron apenas dos horas y media.
El camarista sostuvo que la llamada “flagrancia virtual”, incorporada al Código Procesal Penal santafesino, permite realizar determinadas actuaciones sin orden judicial cuando el presunto autor es perseguido o aparece registrado inmediatamente después del delito. Para Orso, el procedimiento se ajustó a la legislación vigente y la intervención del Ministerio de Seguridad no invalidó el operativo, ya que consideró que se trató de una disposición administrativa transmitida dentro de la cadena de mando.
El punto que vuelve a encender la polémica es que primero interviene el Poder Ejecutivo y después la fiscalía, mientras que el esquema tradicional requería acudir a un juez para autorizar una medida que afecta garantías constitucionales. La defensa cuestionó precisamente que un funcionario del Ejecutivo pueda disponer una medida de estas características. Aunque el camarista entendió que la legislación actual lo permite, el caso vuelve a abrir el debate sobre un cambio de paradigma en materia de seguridad y control judicial.
El propio Orso, sin embargo, cuestionó duramente las declaraciones de la vocera provincial Virginia Coudannes, quien había dicho sobre la jueza que anuló el procedimiento: “si tanto le gustan los delincuentes que se los lleve a su casa”. El camarista consideró que esas expresiones desconocen la división de poderes y representan un ataque a la independencia judicial. Así, mientras la resolución avala el mecanismo de allanamientos sin orden judicial impulsado por la gestión de Pullaro, también marca un límite político al Ejecutivo: la seguridad puede endurecer sus herramientas, pero no puede convertir a los jueces en enemigos por controlar el poder estatal.
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