Un tribunal de Sudáfrica ordenó este viernes 24 de julio suspender temporalmente el proceso de juicio político contra el presidente Cyril Ramaphosa por el denominado escándalo Phala Phala. La medida impide que una comisión parlamentaria avance con la investigación formal hasta que la Justicia resuelva una impugnación presentada por el mandatario contra el informe que originó el procedimiento.
La decisión del Tribunal Superior del Cabo Occidental no impide que la comisión especial, integrada por representantes de todos los partidos del Parlamento, continúe realizando tareas preparatorias. Sin embargo, paraliza las actuaciones sustantivas que podrían desembocar en una votación para remover al presidente.
Ramaphosa había solicitado que el proceso quedara suspendido hasta que se definiera su pedido para anular un informe parlamentario de noviembre de 2022. Ese documento determinó que existían indicios iniciales de que el presidente podía haber cometido graves violaciones de la Constitución, incumplimientos legales y faltas de conducta.
El escándalo por los dólares ocultos en un sofá
El caso comenzó a raíz del robo de 580.000 dólares en efectivo ocurrido en 2020 en Phala Phala, una estancia privada de Ramaphosa dedicada a la cría de animales. Según la versión del presidente, el dinero provenía de la venta de búfalos a un empresario extranjero y había sido escondido dentro de un sofá antes de ser sustraído.
La aparición de una suma tan elevada de moneda extranjera generó interrogantes sobre el origen de los fondos, su eventual declaración ante las autoridades fiscales y cambiarias, y los motivos por los cuales el mandatario no denunció inmediatamente el robo ante la Policía.
También se investigó si integrantes del equipo de seguridad presidencial utilizaron mecanismos informales para encontrar a los responsables y recuperar el dinero, evitando los canales policiales y judiciales ordinarios.
Ramaphosa negó reiteradamente haber cometido algún delito. No obstante, el episodio dañó la imagen anticorrupción con la que llegó al poder en 2018 y se convirtió en uno de los principales problemas políticos de su presidencia.
Cómo se reactivó el juicio político contra Ramaphosa
En diciembre de 2022, la Asamblea Nacional había rechazado avanzar con la investigación. En ese momento, el Congreso Nacional Africano (ANC), partido de Ramaphosa, contaba con mayoría parlamentaria y bloqueó el envío del informe a una comisión de juicio político.
El escenario cambió el 8 de mayo de 2026, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional aquella votación. El máximo tribunal consideró que el Parlamento no podía impedir la investigación después de que una comisión independiente hubiera encontrado elementos suficientes para examinar la conducta presidencial.
La Corte ordenó entonces que el informe fuera remitido a una comisión especial creada bajo la sección 89 de la Constitución sudafricana, que regula la destitución del presidente por violaciones graves de la ley, conducta indebida o incapacidad para ejercer el cargo.
A partir de ese fallo, el Parlamento puso en marcha nuevamente el procedimiento en junio. Ramaphosa acudió al Tribunal Superior para cuestionar la validez del informe original y pidió que la investigación quedara en suspenso hasta que se resolviera esa demanda.
Qué puede pasar ahora con el presidente sudafricano
La revisión judicial del informe está prevista para comienzos de septiembre. Hasta entonces, la comisión parlamentaria no podrá avanzar con las audiencias ni con la evaluación de las pruebas contra el mandatario.
La oficina presidencial afirmó que Ramaphosa respetará la decisión y que continuará cooperando con los mecanismos institucionales de rendición de cuentas. También señaló que el presidente mantiene su compromiso con la independencia judicial y la separación de poderes.
La Alianza Democrática, principal socio del ANC en el gobierno de coalición, reclamó que el proceso se resuelva rápidamente. El partido sostuvo que los sudafricanos tienen derecho a conocer el origen del dinero y a comprobar que las mismas normas de transparencia se aplican a todas las autoridades públicas.
Aunque el proceso eventualmente podría reanudarse, la destitución requiere el respaldo de dos tercios de la Asamblea Nacional. El ANC posee 159 de los 400 escaños y podría reunir, junto con algunos de sus aliados, los votos necesarios para impedir la salida del presidente.
Ramaphosa, de 73 años, gobierna Sudáfrica desde 2018 y su segundo mandato concluye en 2029.