
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para afinar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno. El encuentro buscó destrabar la iniciativa, ya que el debate en la Cámara alta fue pospuesto por cuarta vez y ahora volverá a ser discutido el 6 de agosto en una sesión.
La reunión, desarrollada en la tarde de este jueves, intentó encauzar el tratamiento de la iniciativa que busca eliminar el tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros. "Estamos tranquilos y hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Participaron gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir", expresó Bullrich en diálogo con los medios luego de encontrarse con Sturzenegger.
En tal sentido, expuso que el objetivo del proyecto se mantendrá pese a las posturas de otros bloques: "La idea original es la misma, que es que un Estado extranjero no pueda comprar un milímetro de tierra argentina. La soberanía está absolutamente resguardada. El concepto de propiedad lo define nuestra constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y responsabilidades que un nacional, es decir que puede comprar tierras, un departamento, una fábrica y puede trabajar". "La soberanía es defender lo estratégico de una Nación. Eso no se defiende cuando alguien tiene un título de propiedad, está bajo las leyes argentinas, bajo el código civil y el penal argentino", agregó en esta línea.
En tanto, dentro del Congreso, destacó el respaldo hacia las modificaciones en la iniciativa: "Charlamos con el ministro de Desregulación las razones de los cambios que habíamos acordado con los senadores y cuál es el dictamen. Estuvieron de acuerdo, así que vamos el 6 con el dictamen que habíamos acordado con nuestros aliados. Él tenía algunas dudas y se las aclaramos. Tenían que ver con una mirada federal respecto al uso de la tierra".
"Lo de fronteras quedaba igual y que habíamos sumado a las provincias porque muchas veces tienen en proyectos interinos trámites burocráticos que tienen que ser entendidos por algún funcionario de mayor rango. Acá vinieron gobernadores que quieren tener proyectos en sus zonas. Esto aumenta la posibilidad de más inversiones en frontera. Acepto todos los cambios. Es un texto consensuado entre todos", remarcó.
En tanto, Bullrich expuso su mirada sobre la integridad territorial. "Las leyes se componen de una diversidad de miradas: la del Gobierno, la de la UCR, del PRO y los sensores provinciales que acompañan al Gobierno. La soberanía es un concepto de protección de una Nación. Un pedazo de tierra es simplemente un título de dominio", expresó. "Una persona puede tener una quinta, un pedazo de tierra y eso no afecta la soberanía. El artículo 20 de la Constitución Nacional dice que cualquier persona puede tener actividad en el país bajo la Ley argentina. El concepto de soberanía es otro. El concepto de la tierra es productivo que tienen un título de propiedad como lo tiene un departamento o una fábrica", señaló.
Por solicitud de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich y tras nuevas modificaciones en el borrador, el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por Federico Sturzenegger. La decisión fue resulta en una sesión llevada a cabo el 16 de julio.
Es la cuarta vez que el proyecto no logró tratarse en el recinto del Senado. A principios de junio, el oficialismo intentó aprobarlo en una sesión que también se empantanó por el pliego de Verónica Michelli, que el Gobierno intentó rechazar por ser familiar de un periodista. Tras su aprobación, La Libertad Avanza anunció que retiraba el proyecto de inviolabilidad, que además no tenía los números asegurados para su aprobación. Hubo una promesa de llevarlo nuevamente al recinto la semana siguiente, que nunca se cumplió.
Lo cierto es que el proyecto sufrió sucesivas modificaciones. Uno de los últimos cambios, que habilitaba a cada provincia a definir su propio régimen para la venta de tierras, no convenció al ministro desregulador. Las diferencias entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich —quien desde hace meses negocia con los aliados para aprobar el proyecto— derivaron en el pedido de un nuevo cuarto intermedio. Mientras los allegados de Sturzenegger sostienen que ese cambio es inconstitucional y generaría 24 interpretaciones distintas de la norma, cerca de Bullrich entienden que la negociación implica aceptar modificaciones y consideran que el planteo del Ministerio de Desregulación “es una discusión sin sentido” porque “lo pueden hacer igual”.
LO QUE PROPONE LA INICIATIVA
El proyecto propone eliminar las restricciones actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras con el argumento de atraer inversiones al país.
Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la Ley de Tierras para la compra de inmuebles rurales por extranjeros. La Ley N.º 26.737 fija un tope del 15% de la superficie rural nacional y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, mientras que la reforma permitiría operaciones sin esas restricciones, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.
El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva. Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.