El proyecto de ley impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrirá un nuevo giro este jueves, o al menos esa eso espera la jefa del bloque libertario en el Senado,
Patricia Bullrich, quien se reunirá en Casa Rosada con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y equipos técnicos del Ejecutivo para introducir modificaciones al texto original luego de que su tratamiento en la Cámara alta se postergara hasta el 6 de agosto por la falta de respaldos parlamentarios.
La convocatoria busca ordenar la discusión que quedó atravesada por diferencias tanto con bloques aliados como dentro del propio oficialismo. La idea del Ejecutivo es llegar a la próxima sesión con una versión consensuada del proyecto, luego de que Sturzenegger cuestionara los cambios incorporados sobre el final de la negociación, e incluso con vetarla.
Del encuentro también participarán los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, además de un representante de los bloques federales que trasladará las objeciones planteadas por los gobernadores.
El punto que concentra buena parte de los cuestionamientos es el artículo que habilita la compra de tierras por parte de agentes extranjeros.
Interna en suspenso
La iniciativa también profundizó la tensión interna entre Bullrich y la vicepresidenta
Victoria Villarruel, quienes discutieron el apartado mencionado a través de WhatsApp en una conversación cargada de tensión. El conflicto escaló luego de que Cristian Larsen, asesor de la senadora, denunciara por amenazas a Mario "Pato" Russo, uno de los colaboradores más cercanos de la titular del Senado, aunque ambas dirigentes mantuvieron días atrás un encuentro para intentar descomprimir la disputa.
Pese a los obstáculos del proyecto, en la mesa política del Gobierno se mostraron optimistas para conseguir los votos necesarios que garantizarían su aprobación.
De cara a la vuelta del receso y tras tres intentos fallidos, la expectativa está puesta en que los cambios acordados con los sectores dialoguistas y los representantes provinciales alcancen para destrabar una discusión que, hasta ahora, quedó frenada por la falta de consensos.