El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó este jueves en Washington una cumbre con representantes de 66 países, incluido el canciller Pablo Quirno, quien, bajo instrucciones del Gobierno nacional, ratificó el alineamiento oficial con la nueva estrategia de seguridad impulsada por Donald Trump para desarticular el, llamado por su administración, "terrorismo de extrema izquierda".
La iniciativa -que tiene precedentes en controversiales medidas como el despliegue del ICE en Estados Unidos- propone coordinar tareas de inteligencia, fuerzas de seguridad y mecanismos financieros entre los países participantes.
La reunión, realizada en la sede del Departamento de Estado, estuvo centrada en el resurgimiento del denominado "terrorismo político", un concepto que la gestión republicana atribuyó exclusivamente a movimientos de izquierda. En ese marco, la doctrina de seguridad que plantea el trumpismo consiste en "una coordinada de aplicación de la ley" entre naciones. "Mediante la focalización e interrupción financiera, desmantelaremos estas redes, ladrillo por ladrillo", afirmó Rubio ante los ministros y representantes extranjeros entre los asistentes estuvieron, además de Quirno, funcionarios de Paraguay, Bolivia e Israel.
Durante su exposición, el secretario estadounidense acudió a un discurso con referencias a la Guerra Fría y mencionó a organizaciones como Montoneros y Tupamaros para insistir en la necesidad norteamericana de enfrentar lo que definió como una amenaza transnacional. "Debemos identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente", sostuvo.
En la misma línea, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, explicó que el presidente estadounidense firmó el memorándum NSPM-7, que habilita el trabajo conjunto entre las agencias de inteligencia y las fuerzas federales para actuar contra lo que el Gobierno norteamericano considere terrorismo de izquierda.
Tras el encuentro, Rubio anunció una política para
restringir visas a ciudadanos extranjeros señalados por financiar, reclutar o facilitar actividades vinculadas a esos grupos. En paralelo,
trascendió que el Departamento de Estado consultó en las últimas semanas a unas veinte embajadas -entre ellas la de Argentina- sobre organizaciones y activistas de izquierda, por lo que la participación de Quirno volvió a exhibir el alineamiento del Gobierno de Milei con la agenda de seguridad de la Casa Blanca.
Horas antes de la cumbre, el Ejecutivo argentino reasignó partidas presupuestarias y destinó $7.500 millones adicionales en gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La decisión se suma al anuncio realizado meses atrás sobre la creación de un centro nacional antiterrorista, una iniciativa que el Gobierno presentó bajo la órbita de dicho organismo.