14.07.2026 / CRIPTOESTAFA $LIBRA
Caso $LIBRA: la Justicia congeló billeteras cripto y busca identificar a sus titulares para reconstruir el destino de los fondos
El juez Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un pedido del fiscal Eduardo Taiano y ordenó inmovilizar activos vinculados a la investigación. También requirió a seis plataformas internacionales que informen quiénes operaron las cuentas, sus movimientos y las cuentas bancarias asociadas.
La investigación judicial por el caso $LIBRA dio un nuevo paso con impacto sobre el patrimonio de los presuntos responsables. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la maniobra investigada y dispuso que distintos exchanges internacionales aporten información para identificar a sus titulares y reconstruir el recorrido del dinero.
La medida fue dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal que reconstruyó el circuito seguido por los criptoactivos desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintas plataformas de intercambio.
Al hacer lugar al planteo de la fiscalía, el magistrado consideró acreditados los requisitos necesarios para adoptar una medida cautelar sobre los activos digitales, al sostener que existe tanto "verosimilitud en el derecho" como "peligro en la demora", dada la posibilidad de que los fondos sean transferidos o desaparezcan antes de que concluya la investigación. La resolución señala que este tipo de medidas patrimoniales busca preservar bienes que eventualmente podrían ser objeto de decomiso y evitar que se consolide el provecho económico obtenido mediante una maniobra ilícita.
De acuerdo con el informe incorporado al expediente, los investigadores lograron reconstruir una "secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain" que conecta las billeteras atribuidas al denominado "Team Libra" con distintas direcciones intermedias y, posteriormente, con plataformas de intercambio de criptomonedas. Según el análisis técnico, parte de esos fondos pasó por servicios como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance antes de llegar a exchanges centralizados, lo que permitió establecer una vinculación transaccional entre las distintas direcciones analizadas.
Uno de los aspectos que destaca el informe es la existencia de una presunta maniobra de "pitufeo digital" o smurfing. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una vez concentrados en determinadas cuentas, los activos comenzaron a fragmentarse en múltiples transferencias de menor monto hacia distintas billeteras vinculadas a proveedores de servicios de activos virtuales, una estrategia utilizada para dificultar el seguimiento del dinero y favorecer su posterior conversión en moneda fiduciaria.
En la resolución, Martínez De Giorgi recordó que el expediente busca determinar si existió una maniobra fraudulenta en torno al lanzamiento y la promoción del token $LIBRA. En ese marco, hizo referencia a la publicación realizada el 14 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, donde difundió el proyecto junto con el contrato para adquirir el activo digital.
La causa investiga si esa publicación impulsó una fuerte suba en la cotización del token —que pasó de unos pocos centavos hasta acercarse a los cinco dólares— antes de desplomarse pocas horas después. Según la hipótesis bajo investigación, esa secuencia habría permitido que un reducido grupo de billeteras retirara alrededor de 100 millones de dólares, generando pérdidas para más de 40.000 inversores. Además del congelamiento de las billeteras, el juez ordenó que las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex remitan toda la información disponible sobre los usuarios vinculados a esas direcciones.
El requerimiento alcanza la documentación utilizada para la apertura de las cuentas (KYC), registros de conexiones mediante direcciones IP, historial completo de operaciones, cuentas bancarias asociadas, direcciones utilizadas para enviar y recibir fondos y cualquier otro dato que permita identificar a los responsables de las operaciones investigadas. Las medidas serán ejecutadas por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con la intervención de Interpol cuando resulte necesario para diligenciar los exhortos internacionales.
Para el magistrado, la rapidez con la que pueden movilizarse los criptoactivos justifica la urgencia de la decisión. En ese sentido, advirtió que el flujo de fondos reconstruido durante la investigación "podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la causa" y sostuvo que el congelamiento de las cuentas resulta indispensable para evitar "un perjuicio de imposible reparación ulterior".
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