
Las víctimas que impulsan la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que las apartó del expediente como querellantes. Tras la presentación realizada días atrás por Martín Romeo, ahora los cuatro damnificados representados por el abogado y dirigente social Juan Grabois también recurrieron la decisión y dejaron la definición en manos de la Cámara Federal porteña.
En el recurso, los querellantes sostienen que el magistrado avanzó sobre el fondo de la causa al concluir que los hechos investigados no encuadran en el delito de estafa y al considerar que lo ocurrido se trató de una inversión especulativa fallida propia de la volatilidad de una memecoin. A criterio de las víctimas, esa valoración resulta prematura y desconoce la prueba incorporada al expediente. La apelación, firmada por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, afirma que la resolución "desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa" y enumera distintos elementos probatorios ya reunidos durante la investigación.
Entre ellos menciona peritajes oficiales, extracciones forenses de dispositivos secuestrados, informes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), estudios de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal y la declaración del perito informático Fernando Molina ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Según los querellantes, toda esa evidencia describe "una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica", incompatible con la explicación de una simple pérdida derivada del comportamiento habitual del mercado de criptomonedas.
La presentación también incorpora conversaciones difundidas por la periodista Nancy Pazos en las que, según los querellantes, se advertía al presidente Javier Milei sobre posibles irregularidades vinculadas a $LIBRA. De acuerdo con el escrito, el mandatario respondió que se trataba de una herramienta destinada a financiar pequeñas y medianas empresas argentinas, objetivo que, sostienen, nunca llegó a concretarse. "Excluir a las querellas en esta instancia del proceso equivaldría, en los hechos, a consolidar precisamente el vacío de control que la intervención de las víctimas como parte querellante está destinada a cubrir", señala el recurso.
Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y restituye a las víctimas su condición de querellantes, lo que les permitiría volver a impulsar medidas de prueba y participar activamente en el expediente.
La definición quedará en manos de un tribunal integrado actualmente por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en medio de un proceso de renovación de sus integrantes. Bertuzzi figura entre los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura para ocupar de manera definitiva una vocalía de la Cámara Federal, mientras que Bruglia mantiene un reclamo ante el sistema interamericano tras el cuestionamiento a su traslado al tribunal. La resolución que adopte la Sala I será determinante para el futuro de una de las investigaciones judiciales más sensibles que involucran al Gobierno nacional.