Las protestas contra inmigrantes en Sudáfrica escalaron en los últimos días a un nuevo nivel de tensión. En el municipio de Alexandra, en Johannesburgo, grupos de manifestantes recorrieron viviendas puerta por puerta en busca de personas extranjeras que consideraban indocumentadas, las sacaron de sus hogares y las entregaron a la policía. La situación se produjo en medio de una ola de movilizaciones antiinmigración que se extiende por distintas ciudades del país.
Según reportó
Reuters, algunos manifestantes derribaron puertas para ingresar a las viviendas donde sospechaban que vivían inmigrantes. Entre las personas retenidas había una mujer de Malawi junto a un niño pequeño y también ciudadanos de Zimbabue que aseguraban residir legalmente en Sudáfrica.
Las marchas también se desarrollaron en Soweto y Durban. En varios casos, los organizadores distribuyeron volantes convocando a movilizaciones que combinaban una "marcha pacífica" con recorridas "puerta a puerta" para localizar extranjeros sin documentación.
La crisis migratoria y el desempleo
Sudáfrica atraviesa desde hace meses un aumento de la tensión social vinculada a la inmigración. El país registra una de las tasas de desempleo más altas del mundo, cercana al 33%, y distintos grupos sostienen que los inmigrantes son responsables de la falta de trabajo, la presión sobre los servicios públicos y el aumento de la delincuencia. Sin embargo, investigadores y organismos internacionales han cuestionado esas afirmaciones y señalan que no existe evidencia concluyente de que la migración reduzca las oportunidades laborales para los ciudadanos sudafricanos.
La campaña antiinmigración tuvo un punto de inflexión el 30 de junio, fecha que algunos movimientos fijaron como plazo para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país. Desde entonces se suceden manifestaciones semanales y miles de personas decidieron regresar a sus países de origen por temor a sufrir ataques.
De acuerdo con datos oficiales citados por Reuters, más de 38.000 ciudadanos de Malawi y más de 60.000 zimbabuenses regresaron recientemente a sus países debido al clima de inseguridad y hostilidad.
El papel de los grupos antiinmigración
Las protestas son impulsadas por organizaciones y dirigentes que reclaman deportaciones masivas y mayores controles fronterizos. Una de las figuras más visibles es Jacinta Ngobese-Zuma, líder del movimiento March and March, que anunció que las movilizaciones continuarán cada jueves hasta que sus demandas sean atendidas.
Estos grupos sostienen que los servicios públicos, las escuelas y los hospitales deben priorizar a los ciudadanos sudafricanos. Sus planteos recuerdan a campañas anteriores encabezadas por organizaciones como Operation Dudula, un movimiento que ganó notoriedad por sus acciones contra inmigrantes y que ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de promover discursos xenófobos.
La respuesta del gobierno
El presidente Cyril Ramaphosa intentó frenar la escalada y advirtió que los problemas estructurales del país no pueden atribuirse a los inmigrantes. El mandatario señaló que los ciudadanos no tienen derecho a aplicar por su cuenta políticas migratorias ni a realizar operativos de control.
Pese a esas advertencias, la policía incrementó los operativos contra personas sin documentación y desplegó efectivos durante las marchas. A comienzos de julio las autoridades informaron la detención de más de 900 personas en el contexto de las protestas nacionales, en procedimientos relacionados con infracciones migratorias, hechos de violencia y saqueos.
Impacto económico y regional
La salida masiva de trabajadores extranjeros también genera preocupación en sectores económicos que dependen de mano de obra migrante. Actividades como la construcción, el comercio minorista, el transporte y la agricultura podrían verse afectadas si continúa el éxodo de trabajadores. Según estimaciones citadas por Reuters, los inmigrantes representan alrededor del 5% de la población sudafricana y aportan una parte significativa de la actividad económica del país.
La situación también genera tensiones diplomáticas con países vecinos, cuyos ciudadanos constituyen una parte importante de la comunidad migrante en Sudáfrica. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que el crecimiento de la violencia xenófoba podría profundizar la inestabilidad regional y empeorar la situación de miles de familias que dependen de las remesas enviadas desde territorio sudafricano.