El Gobierno nacional buscará retomar en los próximos días su agenda legislativa con el impulso a la denominada
Ley Hojarasca, una iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas o sin vigencia.
En paralelo, el oficialismo intenta reunir los acuerdos políticos necesarios para avanzar con otros proyectos considerados prioritarios antes de fin de año. En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este miércoles una reunión de presidentes de bloque en el Senado para definir el temario de la sesión prevista para el 16 de julio. Entre los expedientes que el oficialismo aspira a tratar también figura el proyecto de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llegará con modificaciones respecto de la versión original, incorporando cambios sobre la ley de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Otro de los ejes de negociación en la Casa Rosada continúa siendo la
reforma electoral. La Libertad Avanza mantiene conversaciones con sectores de la oposición dialoguista y gobernadores para conseguir respaldo a un paquete que incluye la suspensión de las PASO, modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la incorporación de Ficha Limpia y una propuesta para habilitar un esquema de colectoras adaptado a la Boleta Única de Papel.
La agenda también contempla proyectos de contenido económico, como los cambios a la
Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa en la que trabajan desde hace meses el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y su equipo. Según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, el texto establecerá como principio que el Banco Central no podrá volver a financiar al Tesoro Nacional.
El
Super RIGI también es un pendiente en el oficialismo, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. La idea, en ese sentido, es enviar una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es facilitar el ingreso al circuito formal de los dólares no declarados, mientras que desde la oposición ya anticiparon que el documento despierta varias inquietudes y presentaron iniciativas para excluir del régimen a funcionarios públicos y personas políticamente expuestas.