
Las provincias atraviesan uno de los momentos más complejos en materia de financiamiento desde que asumió Javier Milei. Durante junio, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional se desplomaron 87,7% en términos reales respecto del mismo mes de 2025, marcando el peor registro para un junio desde, al menos, 2005.
Según datos elaborados por la consultora Politikon Chaco en base a estadísticas oficiales, los envíos discrecionales totalizaron apenas $48.300 millones durante el sexto mes del año. Más de la mitad de esos recursos correspondieron al programa de Universalización de la Jornada Extendida, mientras que el resto se concentró en obras de agua y saneamiento y transferencias destinadas a cajas previsionales provinciales.
La caída se da en el marco de la política de ajuste fiscal impulsada por la Casa Rosada, que redujo significativamente las transferencias por fuera de la coparticipación federal. Además, por segundo mes consecutivo, el Gobierno no distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las principales herramientas de asistencia financiera discrecional a las provincias. En el acumulado del primer semestre, las transferencias no automáticas alcanzaron los $639.589 millones, lo que representa una caída real interanual del 61,8%. Se trata del segundo peor desempeño para un primer semestre en más de dos décadas, apenas por encima del registrado en 2024.
La situación se agrava porque el deterioro no se limita a los fondos discrecionales. Los recursos enviados a través de la coparticipación también mostraron una contracción real durante la primera mitad del año. De acuerdo con el relevamiento, las transferencias automáticas registraron una baja acumulada del 2,8% respecto de igual período de 2025, consolidando un escenario de menor disponibilidad de recursos para los distritos. Aunque durante el semestre se distribuyeron alrededor de $121.000 millones mediante ATN, esa cifra representó apenas el 21% de los recursos disponibles en ese fondo. Misiones, Mendoza y Corrientes encabezaron el listado de provincias que más fondos recibieron por esa vía.
El recorte impacta de lleno en las negociaciones que el Gobierno mantiene con los gobernadores. Desde hace meses, los mandatarios provinciales reclaman la reactivación de obras públicas paralizadas, el desembolso de fondos retenidos por la Nación y asistencia para sostener programas vinculados a infraestructura, salud y servicios esenciales.
En paralelo, la administración libertaria busca construir acuerdos políticos para impulsar reformas clave en el Congreso, entre ellas cambios en el sistema electoral. Sin embargo, el deterioro de las finanzas provinciales agrega tensión a una relación que ya venía marcada por los reclamos de las provincias frente a la reducción de recursos nacionales. Buenos Aires fue el distrito que más fondos discrecionales recibió en junio, con $13.159 millones, seguida por Corrientes ($5.014 millones) y Santa Fe ($4.583 millones). Aun así, los montos resultan insuficientes frente a la magnitud del ajuste aplicado sobre los recursos que reciben las administraciones subnacionales.
El resultado es un escenario de creciente presión sobre las cuentas provinciales, que deben afrontar gastos corrientes, obras y prestaciones de servicios con menores transferencias nacionales, en un contexto donde el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal como principal objetivo de su programa económico.