La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Avellaneda-Lanús confirmó que
Tenaris, la empresa del Grupo Techint,
resolvió despedir a 150 trabajadores de su planta de Valentín Alsina "que a partir del miércoles no van a estar más". En ese sentido, desde el sindicato reclaman que "el costo lo debe pagar la empresa", por tratarse de una multinacional que "tiene la espalda para hacerlo".
Las bajas se producen después de que la compañía quedara fuera de la licitación para proveer los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro, un revés que dejó a la planta sin uno de los contratos de mayor envergadura previstos para este año. Desde abril, la fábrica funcionaba bajo un esquema de suspensiones acordado entre la empresa y el gremio para evitar una reducción de personal.
Desde la UOM sostienen que ese mecanismo debía mantenerse al menos hasta fin de año, con la expectativa de que nuevas licitaciones previstas para octubre permitieran recuperar actividad vinculada a la infraestructura energética. En ese marco, el sindicato cuestionó que la empresa avanzara con despidos antes de agotar alternativas para preservar los puestos de trabajo.
Su delegado fabril, Dylan Paz, vinculó la pérdida de empleo con la política económica del Gobierno nacional y aseguró que el nivel de actividad de Vaca Muerta no se refleja en la industria metalúrgica local. "Hoy en Vaca Muerta hay récord de perforaciones y un nivel de actividad que no se corresponde con lo que sucede acá. Eso se explica por la política de apertura de importaciones que nos perjudica profundamente", afirmó.
El dirigente sindical aseguró además que los trabajadores cuentan con el respaldo de la conducción de la seccional Avellaneda-Lanús para enfrentar el conflicto y anticipó que buscarán sostener las fuentes laborales. "Solo con la unidad de los compañeros vamos a poder sacar adelante este problema", expresó. Hasta el momento, Tenaris no difundió una posición pública sobre los despidos anunciados.
RIGI
En el sector también vinculan la situación con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permite a los proyectos alcanzados importar insumos y bienes de capital con beneficios arancelarios. Desde distintos actores de la industria sostienen que ese esquema redujo las posibilidades de participación de proveedores nacionales en obras energéticas de gran escala y profundizó la competencia con productos del exterior.