
El abogado Gregorio Dalbón solicitó al fiscal federal Gerardo Pollicita que requiera la prisión preventiva de Manuel Adorni en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En su presentación sostuvo que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que consideró necesario disponer su detención. Como alternativa, pidió que se le prohíba salir del país y se retenga su pasaporte.
El planteo fue incorporado al expediente que se inició a partir de la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y sostiene que el ahora exjefe de Gabinete conserva capacidad para influir sobre testigos y obstaculizar la producción de prueba. Uno de los principales argumentos del escrito se apoya en la declaración del contratista Matías Tabar, responsable de las obras realizadas en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. Según Dalbón, el testigo afirmó que, antes de declarar, Adorni lo contactó para ofrecerle ayuda y anticiparle que sería llamado por integrantes de su equipo, una conducta que el abogado interpreta como un intento de influir sobre un testigo clave de la investigación.
Además, la presentación sostiene que, durante su paso por el Gobierno, Adorni ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía de la administración nacional, circunstancia que le habría permitido construir vínculos con capacidad de incidir sobre personas relacionadas con el expediente. También remarca que el exfuncionario fue modificando públicamente sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio a medida que avanzaban las medidas de prueba, lo que —según el denunciante— refuerza el riesgo de entorpecimiento.
El escrito también repasa algunas de las operaciones patrimoniales que se encuentran bajo análisis judicial. Entre ellas menciona la compra de un departamento en Caballito, financiado mayoritariamente mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras del inmueble, y la remodelación de una vivienda en Indio Cuá Golf Club, cuyos trabajos, según declaró el contratista, habrían sido abonados en efectivo por Adorni.
Respecto del riesgo de fuga, Dalbón argumentó que el exfuncionario dispone de una importante capacidad económica, recordó que durante la investigación reconoció la existencia de aproximadamente 500 mil dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas y sostuvo que cuenta con acceso a vuelos privados, circunstancias que —a su criterio— facilitarían una eventual salida del país. Otro de los fundamentos invocados es la reciente renuncia de Adorni al cargo de jefe de Gabinete. Según el abogado, esa decisión implicó la pérdida de su principal arraigo institucional en la Argentina y constituye un elemento adicional para evaluar el peligro de fuga.
Con esos argumentos, Dalbón pidió al fiscal Pollicita que solicite la prisión preventiva de Adorni. En caso de que esa medida no prospere, requirió que se disponga de inmediato la prohibición de salida del país, con retención del pasaporte y comunicación de la medida a la Dirección Nacional de Migraciones.