Hidrovía: el mapa de los empresarios amigos del Gobierno que quedaron detrás del millonario negocio de la conseción

A una semana de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años, comenzaron a definirse los principales actores que participarán del negocio vinculado al dragado y balizamiento de la principal vía de exportación de la Argentina. Aunque la adjudicación recayó formalmente en la empresa belga Jan De Nul, el esquema previsto contempla la participación de firmas locales mediante subcontrataciones que concentrarán una parte significativa del negocio.

La resolución publicada por el Gobierno establece que la concesionaria podrá tercerizar parte de los trabajos operativos. Ese segmento representa un volumen estimado de entre 200 y 300 millones de dólares por año y posiciona a un reducido grupo de compañías nacionales como protagonistas de uno de los contratos de infraestructura más importantes de las próximas décadas.

DETRÁS DEL NEGOCIO

Entre las firmas que asoman como principales beneficiarias figura Neuss Capital, controlada por los hermanos Neuss. El grupo amplía así su presencia en distintos sectores estratégicos y suma participación en un negocio considerado clave para el comercio exterior argentino. Otra de las empresas que integrará el esquema operativo es Servimagnus, dedicada a la logística y operaciones portuarias y controlada por la familia Román. La compañía acompañó el proceso licitatorio y tendrá participación en distintas tareas vinculadas con la operación de la vía navegable.

El mapa también incluye a empresarios históricos del sector portuario como Juan Ondarcuhu, uno de los principales operadores fluviales del país, y Gustavo Elías, con fuerte presencia en la actividad portuaria del sur bonaerense. Ambos conservarán participación en un mercado que concentra buena parte del movimiento exportador argentino.

EL NEGOCIO ESTRATÉGICO

Por la Hidrovía Paraná-Paraguay circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales. La nueva concesión tendrá una duración de 25 años y, según estimaciones oficiales, movilizará alrededor de USD 15.000 millones durante toda su vigencia. Desde el Ministerio de Economía defendieron el proceso al señalar que la licitación concluyó sin impugnaciones y permitirá reducir los costos logísticos. Sin embargo, distintos sectores opositores y especialistas cuestionan el esquema de subcontrataciones previsto en el contrato y advierten sobre la concentración del negocio en un reducido grupo de empresas con fuerte presencia en la actividad portuaria.

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