
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba con el objetivo de completar la reconstrucción patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, antes de avanzar con un requerimiento formal para que expliquen el origen de sus bienes.
La resolución representa uno de los últimos pasos de la etapa investigativa. Una vez reunida toda la información, el fiscal evaluará si existen elementos suficientes para formular un requerimiento de justificación patrimonial, instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria. Entre las medidas más relevantes, Pollicita solicitó información a las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash para reconstruir las operaciones con activos digitales realizadas durante 2020 y 2021. El objetivo es verificar si esos movimientos son compatibles con las declaraciones patrimoniales y con la explicación pública que brindó Adorni sobre el origen de parte de su fortuna.
La fiscalía también requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe si el funcionario presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a ejercicios anteriores a 2023. Además, pidió información sobre eventuales alquileres vinculados al lote 380 del country Indio Cua antes de su adquisición y solicitó precisiones a la firma DLP Capital Partners respecto de transferencias efectuadas al jefe de Gabinete.
Otra línea de investigación apunta a la relación de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, Pollicita libró un oficio a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el fin de determinar la naturaleza de los vínculos laborales o institucionales que ambos mantuvieron con esa entidad. El punto central de la resolución quedó en manos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que el fiscal encomendó un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del matrimonio desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
La instrucción es exhaustiva. La DAFI deberá reconstruir ingresos, bienes, inversiones, préstamos, deudas, gastos, consumos y movimientos financieros, elaborar una ecuación patrimonial anual y consolidada del grupo familiar y determinar si existen inconsistencias entre la evolución de los activos y la capacidad económica declarada. Pollicita fue explícito al señalar que el informe deberá identificar qué partidas cuentan con respaldo suficiente y cuáles permanecen sin una explicación consistente. También ordenó individualizar las operaciones que no puedan ser conciliadas con la documentación incorporada al expediente para establecer si existe un "desbalance patrimonial apreciable".
Uno de los capítulos más importantes estará dedicado a las operaciones con criptomonedas. El organismo deberá reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, intercambios y transferencias realizadas en plataformas y billeteras virtuales, y contrastar esa información con las declaraciones juradas, los registros bancarios y la información fiscal reunida durante la investigación. Además, el fiscal pidió establecer el costo, la forma de pago y la fuente de financiamiento de cada uno de los bienes incorporados al patrimonio investigado, así como verificar la capacidad económica de quienes hubieran otorgado préstamos u otras formas de financiamiento.
Con estas medidas, la fiscalía busca cerrar la etapa de recolección de prueba y reunir los elementos necesarios para decidir si corresponde exigir formalmente a Manuel Adorni que justifique el origen de su patrimonio, un paso procesal que podría derivar en una futura declaración indagatoria si las explicaciones no resultan suficientes.