En el marco de la investigación judicial por inconsistencias en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete,
Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la recolección de pruebas con nuevos requerimientos de información a organismos públicos y privados y se encamina a formular un pedido de justificación patrimonial, una instancia clave dentro de la causa
que podría derivar posteriormente en una citación a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
Según trascendió de fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público solicitó al juez Ariel Lijo una serie de informes dirigidos a billeteras virtuales,
a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI), al country Indio Cuá y a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con esos elementos, la fiscalía busca completar el mapa patrimonial y financiero del funcionario.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa tiene raíz en las explicaciones que Adorni brindó sobre el origen de parte de sus fondos, puesto que este afirmó que antes de asumir funciones públicas poseía unos 500.000 dólares provenientes de inversiones en criptomonedas que nunca habían sido declarados y que luego fueron incorporados a declaraciones juradas rectificativas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
En paralelo, la DAFI tendrá que elaborar un informe detallado sobre la evolución económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El análisis incluirá ingresos, bienes, inversiones, deudas, créditos y gastos, con el objetivo de detectar eventuales inconsistencias o desbalances patrimoniales que requieran una explicación adicional por parte del funcionario.
La investigación también puso bajo la lupa distintas operaciones y movimientos financieros, entre ellos, transferencias vinculadas a activos digitales registradas en plataformas como Lemon Cash y Binance, además de operaciones relacionadas con la firma DLP Capital Partners.
En ese sentido, la Justicia pidió información sobre una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá para determinar las condiciones previas a su adquisición por parte del actual jefe de Gabinete.
Por otra parte, los investigadores intentan reconstruir antecedentes laborales y fuentes de ingresos del matrimonio. Para ello, solicitaron datos a la UAI y a una fundación vinculada a dicha institución para identificar los papeles que desempeñaron Adorni y Angeletti, qué remuneraciones percibieron y si presentaron documentación que dé prueba de ello durante los años en los que se vincularon con las entidades mencionadas.