25.06.2026 / CON CAMBIOS
El Senado debate Propiedad Privada, la ley que llevó a la Iglesia y la ciencia a aliarse en rechazo
La Cámara alta tratará una vez más la iniciativa impulsada por el Gobierno con cambios sobre tierras, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. Mientras el oficialismo busca reunir apoyos, referentes académicos, religiosos y políticos coinciden en que tendrá inevitable impacto sobre la soberanía y el control del territorio.
El Senado reanudará este jueves el tratamiento de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, esta vez, con modificaciones incluidas. El proyecto había quedado a mitad de camino por las diferencias que despertó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros y volverá al recinto con cambios negociados entre bloques, tras una discusión que además estuvo atravesada por fuertes críticas de referentes académicos, religiosos y políticos en cuanto el impacto que podría tener en materia de soberanía y control territorial.
La Comisión de Ciencia del Senado dejó expuesta el rechazo que despierta no solo en uno, sino en varios sectores. Así, referentes académicos, especialistas en defensa y representantes de la Iglesia Católica, una convergencia poco habitual en el debate parlamentario, cuestionaron enfáticamente los cambios vinculados a la propiedad de la tierra y la flexibilización de los controles sobre activos estratégicos, al advertir que la iniciativa podría debilitar herramientas de resguardo territorial y favorecer una mayor injerencia de capitales extranjeros sobre recursos estratégicos.
Entre las voces políticas más críticas se destacan, por ejemplo, la del senador Eduardo "Wado" de Pedro, quien advirtió que "vienen por el territorio por la riqueza que hay en él", mientras que el obispo de Chascomús, Juan Liebana, calificó la propuesta como "una ley ciega que no alcanza a ver el don de la tierra". En paralelo, el oficialismo trabajó sobre modificaciones para acercar posiciones y garantizar su avance.
Ley de Tierras
El punto más controvertido del proyecto es la reforma de la Ley de Tierras. La versión original eliminaba las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, pero durante las negociaciones surgió la posibilidad de incorporar un tope a la cantidad de kilómetros que podría comprar una misma empresa.
El principal cambio en comparación con el primer boceto es que, se mantendría la prohibición para que Estados extranjeros, así como para que organismos vinculados o fondos controlados por otros países puedan adquirir tierras en Argentina. También se analiza que determinadas operaciones requieran la aprobación conjunta de las provincias, el Gobierno nacional e incluso del Congreso.
Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos cruciales y que más tensión despierta entre sectores opositores es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La reforma elimina las restricciones temporales que impedían modificar el uso de determinadas superficies afectadas por incendios. En el caso de los bosques nativos se mantendrá la prohibición de cambiar el destino de los terrenos, aunque desaparece el plazo de 60 años incorporado por una ley impulsada por Máximo Kirchner.
También se deroga la disposición que impedía durante 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios o actividades productivas sobre áreas agropecuarias incendiadas, uno de los aspectos que generó mayores cuestionamientos entre especialistas y organizaciones ambientales.
Cambios en el régimen de desalojos
La iniciativa establece un procedimiento acelerado para los casos de inmuebles usurpados, mientras que en las restantes situaciones se mantendrían los plazos actuales de intimación. El esquema contempla una notificación fehaciente al inquilino y un plazo de diez días para regularizar la situación antes del inicio de una acción judicial.
En caso de incumplimiento, el propietario podrá avanzar con una demanda que deberá tramitarse por la vía más rápida prevista por la legislación vigente. El proyecto también amplía las facultades para solicitar desalojos cuando exista un derecho o interés legítimo afectado.
Expropiaciones con criterios más restrictivos
Otro de los ejes centrales es la modificación del régimen de expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar con mayor precisión los motivos que justifican una medida de ese tipo.
Asimismo, se incorporó un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, una precisión que no figuraba en la propuesta original. También se fija un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor y a la tasa del Banco Nación.
Las críticas que llegaron al Senado
Las objeciones al proyecto se expresaron en una actividad realizada en la Comisión de Ciencia de la Cámara alta, donde participaron académicos, especialistas en territorio y representantes de la Iglesia. Allí, la integrante del CEPPAS Florencia Gómez alertó que "estamos a punto de perder esos datos y el control sobre el territorio", en referencia a los cambios sobre la propiedad de las tierras.
Por su parte, el exjefe del Estado Mayor Conjunto Martín Paleo sostuvo que le "llama la atención lo laxos que somos los argentinos para ceder soberanía", mientras que distintos expositores coincidieron en advertir sobre las implicancias estratégicas de flexibilizar los controles sobre recursos naturales y extensiones rurales. Con ese escenario de fondo, el Senado buscará este jueves definir el futuro de una de las iniciativas más sensibles impulsadas por el Gobierno.
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