24.06.2026 / ACCESO A LA SALUD
Revés para el Gobierno: la Justicia ordenó al PAMI normalizar prestaciones para personas con discapacidad
La resolución judicial alcanza a miles de personas y exige al PAMI e Incluir Salud poner fin a las demoras en los pagos que afectan a hogares, centros de día y profesionales. En esa línea, la orden advierte que el Estado no puede invocar razones presupuestarias para incumplir obligaciones vinculadas a un colectivo "sumamente vulnerable".
El juez federal Miguel Vaca Narvaja dispuso este martes que el PAMI y el programa Incluir Salud regularicen de manera inmediata la cadena de pagos vinculada a prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas, al hacer lugar en su totalidad a una acción de amparo colectiva que cuestionó las demoras acumuladas en la cancelación de servicios esenciales y advirtió sobre las consecuencias que esa situación genera para uno de los sectores más vulnerables.
La resolución del Juzgado Federal N°3 de Córdoba ordena no solo normalizar los desembolsos pendientes, sino también garantizar que los pagos se mantengan al día. El fallo surge a partir de una presentación impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas de discapacidad, quien denunció irregularidades que afectaban a miles de beneficiarios y a las instituciones encargadas de brindar asistencia.
En los fundamentos de la sentencia, Vaca Narvaja cuestionó que el Estado invoque criterios de ordenamiento presupuestario para incumplir obligaciones vinculadas a derechos fundamentales. “No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales”, sostuvo el magistrado, al referirse a retrasos que en algunos casos se arrastraban desde diciembre del año pasado.
Además, el juez advirtió que “perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna responsabilidades civiles y/o penales”, y remarcó que la demora injustificada constituye “un acto arbitrario e ilegal”. En ese sentido, conminó al Ministerio de Salud a cumplir de forma inmediata con la legislación vigente y a poner fin a una situación que, según describió, deriva en la desatención de personas con discapacidad.
El amparo tiene alcance colectivo, por lo que la decisión judicial alcanza a miles de personas que atraviesan problemas similares en el acceso a prestaciones de salud. También busca resguardar la continuidad de hogares, centros de día y profesionales que dependen de esos pagos para sostener los servicios que brindan de manera cotidiana.
La sentencia pone el foco en un conflicto que se profundizó desde fines de 2025, cuando comenzaron a registrarse interrupciones e irregularidades en la cadena de pagos estatales. Según constató el tribunal, hubo demoras de hasta cinco meses en la cancelación de prestaciones ya realizadas, en un contexto marcado por cuestionamientos al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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