20.06.2026 / JUSTICIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Justicia en caja negra: la IA en el Poder Judicial
Mientras la confianza en las instituciones democráticas sigue en retroceso en América Latina, el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el Poder Judicial. Los casos de Argentina, Colombia y Brasil muestran que la discusión ya no es tecnológica, sino política.
por Agustina Brizio y Gonzalo Vázquez
El Latinobarómetro 2024 arroja un dato que debería preocupar a cualquiera que trabaje en el sector judicial: apenas el 28% de los latinoamericanos declara confiar en el Poder Judicial. Los partidos políticos están en el 17%, el Congreso en el 24%. Las instituciones que sostienen la arquitectura democrática de la región acumulan décadas de erosión y el resultado es estructural: el 65% de los latinoamericanos está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia, y al 25% directamente le es indiferente. El propio informe describe ese último grupo como "tierra fértil para populismos y autocracias". Cuando las instituciones fallan de manera sostenida, la gente no busca reformarlas: busca saltárselas. Y en ese vacío de legitimidad prosperan los falsos profetas, tecnológicos o políticos, que prometen eficiencia sin deliberación, respuestas sin proceso, justicia sin jueces.
La inteligencia artificial es, en este contexto, una promesa tentadora y un riesgo concreto. Tentadora porque la narrativa que la acompaña - objetividad, velocidad, neutralidad algorítmica - suena como el antídoto perfecto a la percepción de una justicia lenta, arbitraria y politizada. Concreta por qué esa narrativa es falsa: los sistemas de IA no son neutrales, reproducen los sesgos de los datos con los que se entrenan, y su opacidad agrega una nueva capa de inaccesibilidad sobre instituciones que ya tienen un déficit profundo de legitimidad democrática.
La paradoja argentina es que este proceso ocurre en un momento en que el debate público sobre tecnología está dominado por otro registro: el de la atracción de inversiones. Las reformas legislativas recientes apuestan por posicionar al país como destino para el capital tecnológico global, con regímenes de incentivos que priorizan la velocidad de despliegue sobre la construcción de marcos regulatorios. La lógica es conocida: el Estado como obstáculo, la desregulación como modernización. Lo que esa lógica deja fuera de la conversación es el impacto de estas tecnologías en los servicios públicos, y en particular en aquellos donde el Estado no puede simplemente retirarse porque lo que está en juego es el ejercicio de derechos fundamentales. La justicia es el caso más claro. Una condena penal no es un servicio optimizable. Es un acto de poder público que afecta la libertad de una persona concreta, y que exige deliberación humana, trazabilidad del razonamiento y posibilidad de revisión. Ningún modelo de lenguaje garantiza eso por diseño.
El caso del juez penal Carlos Rogelio Richeri en Esquel ilustra con precisión dónde está la tensión. En junio de 2025, Richeri condenó a Raúl Amelio Payalef a dos años y medio de prisión efectiva por robo simple. El fallo fue apelado. La Cámara Penal lo revisó y encontró en el punto IV de los fundamentos una frase que no era del magistrado: Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar. Era la respuesta de ChatGPT, pegada sin editar en el texto decisorio. La Cámara anuló la condena de oficio: esa evidencia instalaba una brecha demasiado amplia para determinar cuánto del razonamiento era atribuible al sistema y cuánto al juez, vulnerando el principio de juez natural. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut luego revocó la nulidad con un criterio más matizado - usar una herramienta tecnológica no acredita por sí solo la sustitución del juicio deliberativo -, pero el precedente quedó abierto y el debate, instalado.
Hay algo sintomático en la imagen: una de las instituciones más antiguas del sistema democrático - el Poder Judicial, con sus rituales centenarios, sus códigos de procedimiento, su latín forense - encontrándose de frente con una de las tecnologías más nuevas, sin protocolo, sin formación, sin marco normativo. La brecha no es solo técnica. Es la brecha entre una institución que construyó su legitimidad sobre la solemnidad del proceso y una herramienta diseñada para producir texto verosímil a alta velocidad. Cuando esas dos lógicas se encuentran sin mediación institucional, el resultado no es modernización: es erosión de garantías.
Richeri no es una anomalía regional. En Colombia, la Corte Suprema anuló en noviembre de 2025 una sentencia que citaba jurisprudencia inexistente generada por IA sin verificación. La Corte Constitucional colombiana ya había establecido, mediante la Sentencia T-323 de 2024, que la inteligencia artificial puede usarse como herramienta de apoyo judicial, pero bajo cargas estrictas de transparencia, responsabilidad y no sustitución de la racionalidad humana.
Además, en mayo de 2026 salió a la luz en Brasil el primer caso conocido de intento de manipulación de una decisión judicial mediante inteligencia artificial. Ocurrió en la 3ª Vara del Trabajo de Parauapebas, en el Tribunal Regional do Trabalho de la 8ª Región (Pará), donde dos abogadas insertaron en una petición inicial un texto invisible - fuente blanca sobre fondo blanco - con instrucciones dirigidas a la IA para que contestara la petición de forma superficial y no impugnara los documentos anexados. Lo significativo es cómo se descubrió la maniobra: la propia herramienta de inteligencia artificial del tribunal, llamada Galileu, detectó el comando oculto, alteró el color de la fuente y expuso el mensaje escondido, lo que derivó en una multa de R$ 84 mil tras clasificar la práctica como "prompt injection", una técnica usada para interferir en el comportamiento de sistemas de IA mediante instrucciones ocultas. El episodio no fue aislado: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó la apertura de una investigación policial y un procedimiento administrativo para indagar intentos de fraude procesal con comandos ocultos en peticiones dirigidos a manipular sus sistemas de IA.
Más allá de la sanción, el caso ilustra que la respuesta institucional eficaz no fue improvisada: dependió de contar con herramientas tecnológicas capaces de detectar la anomalía, de operadores capacitados para interpretar el hallazgo y encuadrarlo jurídicamente, y de una estructura institucional preparada para investigar y sancionar la conducta. Como advierten los especialistas, la ampliación del uso de inteligencia artificial exige integración entre tecnología, revisión humana y gobernanza institucional, ya que la confiabilidad se compromete cuando el profesional no tiene la experiencia necesaria para validar los resultados del sistema y cuando no existe una política clara de revisión de los contenidos. En definitiva, el caso brasileño demuestra que ninguna herramienta de IA sustituye la responsabilidad humana sobre la decisión, y que la capacitación del personal y una arquitectura institucional sólida son condiciones indispensables para enfrentar amenazas tan novedosas como el prompt injection.
El contraste con Argentina es elocuente: Colombia tiene precedente jurisprudencial vinculante; Brasil cuenta con una política digital sólida; Argentina tiene escándalo y silencio normativo federal.
Ese silencio es más difícil de sostener cuando el mismo gobierno que promueve la llegada de tecnología a escala industrial no construye los marcos que regulan su impacto en los servicios públicos esenciales. Atraer inversión tecnológica sin estándares de uso en el sector público no es modernización del Estado: es su vaciamiento por otra vía. Y en el Poder Judicial, institución que el oficialismo además disputa políticamente, ese vaciamiento tiene consecuencias directas sobre la garantía de derechos de las personas más vulnerables del sistema.
La excepción que confirma la regla es local. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó, mediante Resolución CM N.º 95/2025, el Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial. El Comité aprobó un Manual de Buenas Prácticas y en mayo de 2026 lanzó una capacitación obligatoria para magistrados, funcionarios y empleados judiciales, con principios explícitos de control humano efectivo, no delegación y transparencia. Es, en escala local, exactamente lo que falta a nivel federal: el Consejo de la Magistratura de la Nación carece de estándares vinculantes, no hay protocolo de transparencia ni obligación de declarar el uso de herramientas automatizadas en las resoluciones. El caso de Esquel se detectó porque el juez dejó pegada la respuesta del asistente. Los que no dejan huella no se detectan.
La pregunta no es si la IA va a transformar la justicia. Ya lo está haciendo. La pregunta es si esa transformación va a ocurrir dentro de instituciones que recuperan legitimidad a través de la transparencia y la rendición de cuentas, o en el marco de un Estado que se retira y deja a la tecnología cubrir el espacio sin regulación.
En un continente donde la tierra ya es fértil para quienes prometen respuestas simples a problemas complejos, delegar en algoritmos opacos la función de juzgar no es una solución técnica. Es una decisión política.
* Agustina Brizio y Gonzalo Vázquez son miembros de la Alianza del Sur Global de IA y Derecho.
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