El Gobierno nacional elevó la presión sobre el Grupo Clarín y advirtió que no aprobará la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom si la compañía no realiza una desinversión significativa que reduzca su participación en el mercado de las telecomunicaciones.
La postura oficial fue
ratificada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que sostuvo que la operación, tal como está planteada actualmente, generaría una concentración excesiva en distintos segmentos del negocio de telefonía, internet y televisión paga.
La CNDC exige un desprendimiento de casi el 50% de la cartera: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.
La compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom fue anunciada a principios de 2026 y rápidamente se convirtió en una de las operaciones empresariales más relevantes de los últimos años. De concretarse sin modificaciones, Telecom - controlada por Cablevisión Holding, donde el Grupo Clarín tiene participación decisiva - ampliaría considerablemente su peso en el mercado argentino de las comunicaciones.
Una disputa que excede lo empresarial
La decisión oficial se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la administración de Javier Milei y el Grupo Clarín. Aunque durante los primeros meses de gestión existió una relación relativamente estable entre ambas partes, el vínculo comenzó a deteriorarse a medida que avanzaron las discusiones sobre regulación de medios, telecomunicaciones y competencia económica.
Desde la Casa Rosada sostienen que la operación podría derivar en una posición dominante incompatible con las reglas de defensa de la competencia. En el oficialismo argumentan que permitir la absorción sin condiciones implicaría consolidar un actor con una influencia excesiva sobre sectores estratégicos de las comunicaciones.
En cambio, desde Telecom y el entorno empresario vinculado a la operación consideran que la adquisición es una respuesta lógica a los cambios tecnológicos y a la necesidad de competir con grandes plataformas globales. La compañía sostiene que la integración permitiría mejorar inversiones, infraestructura y calidad de servicios.
Qué exige el Gobierno
El planteo oficial es que Telecom deberá desprenderse de activos relevantes para obtener la aprobación definitiva. El objetivo sería reducir los niveles de concentración en aquellos mercados donde la fusión generaría una participación considerada excesiva por los organismos reguladores.
La advertencia representa uno de los movimientos más contundentes realizados hasta ahora por el Gobierno sobre la operación. En los hechos, implica que la compra no podrá avanzar bajo las condiciones originalmente acordadas.
El proceso todavía se encuentra bajo análisis regulatorio y podría extenderse durante varios meses. Mientras tanto, continúan las negociaciones entre la empresa, los organismos de control y distintos actores del sector.
Un capítulo más en la pelea con Clarín
La disputa por Telecom y Telefónica se transformó además en un episodio de alto voltaje político. En distintos ámbitos oficiales se interpreta que la operación pone en juego no sólo cuestiones económicas sino también la distribución de poder dentro del sistema de medios y telecomunicaciones argentino.
Por eso, el expediente dejó de ser únicamente una discusión técnica sobre competencia y pasó a convertirse en uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno y el Grupo Clarín.
Con la advertencia formal de la CNDC y el respaldo político de la Casa Rosada, la negociación ingresó ahora en una etapa decisiva. El desenlace definirá no sólo el futuro de la mayor operación corporativa del sector en años, sino también el alcance de una disputa que ya tiene implicancias políticas, económicas y mediáticas.