"Si tienen un problema con eso hay que elegir mejores senadores": la defensa de Santiago Caputo al cambio en la designación de jueces

Luego de que el Poder Ejecutivo modificara por decreto las condiciones de selección y postulación de los magistrados de la Corte Suprema, el asesor presidencial, Santiago Caputo, apeló a las redes sociales para fijar la postura inflexible del Gobierno.

"La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de compresión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano", arrancó el asesor, para luego apuntar directo al corazón de la norma creada en 2003: "El decreto 222 era una de esas anomalías institucionales que se fabrican como pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo".

Para Caputo, las instancias previas de impugnación ciudadana ante el Ministerio de Justicia que eliminó la nueva reforma eran redundantes. Según su argumento, el verdadero filtro democrático ya existe y está en el Congreso: "El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado".

Finalmente, el asesor trasladó la responsabilidad de la idoneidad de los magistrados a las urnas: "Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes".



En los papeles, la cruzada de Caputo quedó oficializada esta madrugada con la publicación del decreto 467/2026 en el Boletín Oficial. La normativa, que lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, borra la etapa administrativa que permitía observar o cuestionar a los candidatos a la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría ante el propio ministerio. 

Además de barrer con ese filtro previo, el Ejecutivo aceleró los tiempos. Ya no habrá obligación de publicar las postulaciones en los diarios impresos de tirada nacional; la difusión pasará a ser exclusivamente digital a través del Boletín Oficial y la web de la cartera de Justicia. Por otro lado, le marcaron la cancha a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): el organismo tendrá un límite máximo de cinco días para entregar los informes fiscales y previsionales de cada candidato, resguardando el secreto fiscal. Ese mismo plazo correrá para que los elegidos presenten sus declaraciones juradas de bienes, incluyendo los de su núcleo familiar íntimo.

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