
La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito ingresó en una etapa sensible. La Justicia ya tiene en su poder el contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado importantes obras en una vivienda vinculada al funcionario y aseguró haber percibido alrededor de 245.000 dólares por esos trabajos.
Según pudo saber este medio, la extracción de la información almacenada en el dispositivo fue completada con éxito y los investigadores comenzaron a revisar el material obtenido. El análisis apunta a reconstruir el vínculo entre Tabar y Adorni, así como a verificar distintos aspectos de la declaración testimonial incorporada al expediente. La medida había sido ordenada luego de que el propio contratista entregara voluntariamente el aparato y autorizara el acceso a su contenido. Ahora, la expectativa está puesta en los mensajes, archivos y registros que puedan arrojar luz sobre la contratación de las obras, su ejecución y la forma en que fueron abonadas.
Uno de los focos de interés está puesto en las comunicaciones mantenidas entre ambos. Durante su declaración, Tabar sostuvo que había recibido mensajes de Adorni a través de WhatsApp antes de comparecer ante la fiscalía. Según relató, el funcionario manifestó interés en dialogar con él e incluso le ofreció asistencia relacionada con su presentación judicial. Ese episodio despertó la atención de los investigadores y derivó en un examen integral del dispositivo para determinar el alcance de esos contactos y el contexto en el que se produjeron.
La fiscalía también busca reconstruir los intercambios vinculados específicamente a las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar afirmó que los trabajos fueron abonados en efectivo y describió distintas remodelaciones efectuadas en el inmueble. La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes además avanzan sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario. Entre ellos figuran movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos relacionados con viajes y mejoras inmobiliarias.
Con la información obtenida del teléfono ya incorporada a la causa, los investigadores esperan determinar si los registros digitales permiten corroborar los dichos del contratista, reconstruir la relación mantenida con Adorni y establecer si existen elementos que contribuyan a esclarecer el origen de los fondos utilizados para afrontar las obras. En paralelo, la fiscalía trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia habitual en las investigaciones por enriquecimiento ilícito que suele preceder a eventuales llamados a declaración indagatoria.