
El Gobierno nacional habilitó a militares de las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio, una decisión que fue presentada oficialmente como una ampliación de derechos pero que terminó exponiendo una realidad incómoda: cada vez más efectivos necesitan un segundo trabajo para sostener sus ingresos.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Defensa en medio de crecientes cuestionamientos por el deterioro del poder adquisitivo del personal militar. A partir de ahora, soldados, suboficiales y oficiales podrán desempeñar distintas tareas en el sector privado siempre que no interfieran con sus obligaciones de servicio ni generen incompatibilidades con la función pública.
Entre las actividades posibles aparecen trabajos vinculados al transporte de pasajeros mediante aplicaciones, servicios de reparto, tareas de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles con la carrera militar. Aunque desde el Ejecutivo destacan que la flexibilización amplía oportunidades para el personal, la resolución abrió un fuerte debate sobre las condiciones salariales dentro de las Fuerzas Armadas. Para numerosos efectivos y asociaciones vinculadas al sector, la autorización funciona como un reconocimiento implícito de que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar el costo de vida.
La discusión trasciende lo administrativo. Durante la campaña electoral y en distintos actos de gestión, Javier Milei había prometido recuperar el prestigio institucional de las Fuerzas Armadas y mejorar su situación. Sin embargo, para muchos observadores, la imagen de militares obligados a complementar ingresos manejando vehículos de aplicación o realizando repartos aparece lejos de aquella promesa de revalorización.
El contraste resulta particularmente llamativo si se considera el nivel de capacitación que demanda la carrera militar. Logística, comunicaciones, inteligencia, operaciones especiales, conducción de personal y planificación estratégica son algunas de las áreas en las que se forman durante años quienes integran las Fuerzas Armadas.
La nueva normativa permite que, una vez terminada la jornada de servicio, esos mismos efectivos busquen ingresos adicionales en actividades completamente ajenas a la función para la que fueron preparados. La decisión también llega después de meses de reclamos internos por la situación salarial y de denuncias sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Distintas organizaciones vinculadas al ámbito castrense vienen alertando sobre las dificultades económicas que atraviesan muchos integrantes de la fuerza, especialmente en los escalafones inferiores.
Más allá de la valoración que pueda hacerse de la medida, el debate que se instaló excede la posibilidad de tener un empleo extra. La pregunta de fondo es otra: si quienes tienen la responsabilidad de la defensa nacional necesitan un segundo trabajo para llegar a fin de mes, el problema quizás no esté en la autorización para trabajar más horas, sino en el salario que perciben por su función principal.