05.06.2026 /
Revés para Milei: la Corte desestimó una queja del Gobierno en la causa por financiamiento universitario
El máximo tribunal rechazó un planteo del Gobierno para apartar a magistrados que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades nacionales y dejó abierto el camino para que continúe el expediente impulsado por el CIN.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el Estado nacional contra decisiones que habían descartado la recusación de jueces que intervienen en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que significó para la gestión de Javier Milei un nuevo traspié judicial.
La controversia se originó a partir del amparo colectivo promovido por rectores y universidades nacionales contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la norma a la definición de una fuente específica de financiamiento y a la incorporación de partidas en el presupuesto.
En ese expediente, el Gobierno intentó apartar al juez de primera instancia Diego Martín Cormick y a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal al sostener que ambos mantienen vínculos académicos con universidades públicas alcanzadas por la demanda. También cuestionó la intervención de los propios integrantes de la Corte por desempeñar tareas docentes. Sin embargo, el máximo tribunal descartó esos argumentos y sostuvo que "no se ha acreditado (...) elemento alguno que configure una causal de excusación". Además, remarcó que el ejercicio de la docencia en una universidad pública no implica por sí mismo un interés personal, directo o relevante sobre el resultado del litigio.
Los jueces también advirtieron que los mecanismos de recusación y excusación son excepcionales y deben aplicarse de manera restrictiva para no afectar el principio del juez natural ni el funcionamiento regular del sistema judicial. En ese marco, consideraron inadmisible el planteo estatal para que los ministros del tribunal se apartaran del caso.
Con esta decisión, la Corte dejó firme la continuidad de los magistrados cuestionados por la Casa Rosada y permitió que siga avanzando la causa en la que las universidades buscan que el Estado garantice los recursos previstos por la ley para el funcionamiento del sistema universitario nacional.
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